La Presidenta lleva su denuncia a la Justicia

Buenos Aires. Cristina Fernández de Kirchner concretó ayer la anunciada embestida del Gobierno contra los principales diarios del país. Desde la Casa Rosada, y ante un salón colmado por gobernadores, legisladores, empresarios, dirigentes sociales y los ex dueños de la empresa Papel Prensa, la Presidenta relató durante 65 minutos los puntos principales del informe que el Ejecutivo realizó (a través de un equipo del secretario de Comercio, Guillermo Moreno) sobre la empresa que produce y comercializa el 75 por ciento del papel que utilizan los diarios de todo el país y cuyos accionistas principales son el grupo Clarín y La Nación SA.

Pese a las intensas presiones sobre el sector empresario, en el acto estuvieron ausentes tanto las entidades como los hombres de negocios más encumbrados. Sí estuvieron 13 gobernadores (Daniel Scioli, Sergio Urribarri, Jorge Capitanich, Celso Jaque, Maurice Closs, Daniel Peralta, Gildo Insfrán, Luis Beder Herrera, Omar Jorge y Walter Barrionuevo) y legisladores y gremialistas, encabezados por Hugo Moyano. Juan Schiaretti había sido invitado, pero no concurrió. Y no estuvieron los intendentes kirchneristas Daniel Giacomino y Eduardo Accastello.

Los primeros en hablar fueron el abogado Alberto González Arzac y la economista Beatriz Paglieri, principales autores del informe. Luego llegó el turno de la Presidenta.

Fernández de Kirchner acusó a los dueños de los diarios La Nación , Clarín y La Razón (periódico que pertenecía a la familia Peralta Ramos) de haberse "apropiado" de las acciones controlantes de Papel Prensa, que estaban en poder del Grupo Graiver, con la complicidad de la última dictadura y de que la "supuesta venta" se realizó en noviembre de 1976, cuando los Graiver no tenían plena libertad sino "sólo libertad ambulatoria", ya que el 14 de marzo de 1977, la viuda de David Graiver, Lidia Papaleo (quien ayer estuvo sentada en primera fila junto al ex presidente Néstor Kirchner y el ex testaferro de su esposo, Rafael Ianover), fue capturada como desaparecida. La misma suerte corrieron los padres del ex banquero, su hermano y algunos de sus asistentes.

La Presidenta, además, aseguró que los accionistas privados de Papel Prensa firmaron "un acta de sindicalización" que se mantuvo oculta y que recién apareció este año cuando se buscó en los expedientes de la quiebra de La Razón . Según dijo, da cuenta de un acuerdo empresario para acordar sus votaciones en el directorio de Papel Prensa y eventuales traspasos accionarios.

La Presidenta recordó que la Junta Militar de Videla, Agosti y Massera les pidió en 1977 desprenderse del 49 por ciento de las acciones y venderlas a otros diarios del país en forma y condiciones iguales a las que tuvieron ellos en el momento de la compra, "pero los dueños de los diarios respondieron que no lo consideraban prudente ya que se debilitaría la conducción de la empresa", leyó la Presidenta de un documento oficial. También cuestionó el valor que los accionistas privados pagaron a los Graiver.

"A pesar de que estoy convencida de cómo sucedieron las cosas, el procurador del Tesoro y el secretario de Derechos Humanos harán la denuncia correspondiente para que la Justicia determine las condiciones en las cuales se realizó el traspaso", dijo. En la Casa Rosada, se conjeturó que dichas presentaciones las harán hoy mismo los funcionarios kirchneristas y que apuntarán a que se trata de delitos de lesa humanidad e imprescriptibles.

Para el final, la Presidenta dejó el anuncio más sorpresivo: anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley para "declarar de interés público la producción de pasta celulosa y papel de diario, su distribución y comercialización, y para establecer el marco regulatorio de este insumo básico que garantice un tratamiento igualitario para todos los diarios".

El proyecto de ley llegará antes del viernes a Diputados y prevé crear una comisión Bicameral para que controle todo lo que sucede en Papel Prensa.