La oposición busca limitar la publicidad oficial en campaña

Buenos Aires. La oposición intentará sacar en el Congreso un proyecto que limite la publicidad oficial en los meses de campaña, ante la grave disparidad que existirá entre el oficialismo y el resto de las agrupaciones ante las próximas elecciones presidenciales. En la reglamentación del régimen de asignación y distribución de espacios para anuncios de campaña electoral se estableció los criterios con los que el Estado repartirá la publicidad en medios audiovisuales, ya que los partidos no pueden contratar en forma directo esos avisos.El problema es que los partidos tendrán espacios acotados, distribuidos por sorteo y en función del último resultado electoral, mientras que el oficialismo no tendrá ninguna restricción, cuando todo parece indicar que la candidata será la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.La UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, y el PRO sostienen que el gasto electoral del Gobierno rondará los 512 millones de pesos, sin control, ni restricciones. Los bloques opositores impulsarán, en estos días, una ley que imponga impone límites al uso de los recursos públicos para difundir los actos de gestión y prohibir todo tipo de publicidad oficial durante la campaña. El Gobierno ya anticipó su contraofensiva y amenaza con regular la publicidad privada que reciben los medios de comunicación si la oposición avanza con su iniciativa. Premios y castigos. En tanto, en el último informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte que "la carencia de un marco legal específico y adecuado para la definición de los objetivos, la asignación, contratación y control de la pauta estatal permite una utilización arbitraria de estos recursos en detrimento de la libertad de expresión". Señala la necesidad de que "los avisos oficiales deben incluir información de interés público y no deben utilizarse con fines electorales o partidarios". "La publicidad estatal nunca debe ser asignada por los Estados para premiar o castigar los contenidos editoriales e informativos de los medios", señala. Además, reclama que se publique "información relevante sobre pauta oficial y garantizar ante cada requerimiento por parte del público en general", junto con mecanismos de control externo.