La oposición asegura que la ley de Inteligencia será derogada

Buenos Aires. El Congreso tomará esta semana el protagonismo en torno al caso de la misteriosa muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman. El próximo jueves, mientras el kirchnerismo deberá esforzarse por darle media sanción solamente con la colaboración de sus aliados tradicionales a la reforma de la ley de Inteligencia que envió la Casa Rosada para retomar la acción tras la crisis política que se abrió hace tres semanas, la oposición realizará una audiencia pública, a la misma hora y también en el Senado, de la que surgirá un compromiso de derogar la iniciativa K, ya que entienden que es sólo una "mascarada" del Gobierno para intentar poner en un segundo plano "el mayor crimen político de la historia argentina".Dos días antes, el martes, la oposición reunirá a la comisión Bicameral de Seguridad Interior, ya que esta es presidida por el senador peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá. Como el Congreso está en sesiones extraordinarias, el kirchnerismo salió a advertir al puntano que necesita la mitad de las firmas de los integrantes del cuerpo para poder convocarlo. De este modo, el Frente para la Victoria (FPV) intenta obturar un nuevo escenario de discusión, ya que tiene el control por mayoría simple de todas las comisiones bicamerales.Sin embargo, los opositores asistirán al encuentro para exigir explicaciones a la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, a su segundo, el secretario Sergio Berni, y a las autoridades de la Policía Federal. Este pedido fue cursado por los radicales Mario Negri, Ricardo Buryaile, Gerardo Morales y Ernesto Sanz, que entienden que el Ejecutivo debe explicar cómo actuó cuando se supo que el fiscal Nisman había aparecido sin vida y también por qué fallaron los operativos para garantizar su integridad física cuando este había presentado una durísima denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timerman y se aprestaba a ir a la Cámara de Diputados a dar detalles de la misma.En la audiencia pública del próximo jueves en el salón Azul del Senado, la oposición escuchará a organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la causa AMIA, como las que están nucleadas en la DAIA, y también los sectores más combativos de la comunidad judía como Apemia, que dirige Laura Ginsberg. A ellos se sumarán –al menos han sido invitados– la Asociación de Magistrados y los fiscales federales que han convocado una marcha del silencio para el próximo 18 de febrero, día en que se cumplirá un mes de la muerte de Nisman. El apoyo opositor a la convocatoria de los fiscales es unánime. Esto preocupa al Gobierno, que ya salió a decir que el reclamo de los miembros del Poder Judicial de mayor independencia "se ha politizado".Con la audiencia pública, la oposición –que no llega totalmente unida– busca afilar la estrategia de imponer una agenda paralela en el Congreso a la que decidió la Presidenta cuando pidió sesiones extraordinarias para debatir los cambios a la ley de Inteligencia. Por eso, durante estas horas, los principales jefes del arco antikirchnerista están trabajando en un documento que firmarán al final del encuentro, de cara a la sociedad civil y a los medios de comunicación. Uno de ellos ya está decidido y cuenta con el visto bueno de los candidatos presidenciales opositores Sergio Massa, Mauricio Macri, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Elisa Carrió, Hermes Binner y Fernando "Pino" Solanas: si cualquiera de ellos se convierte en el sucesor de Cristina Fernández, derogará la nueva ley de Inteligencia que el jueves votará el Senado y que el miércoles 25 recibirá la sanción definitiva en la Cámara Baja.Para atenuar la avanzada en bloque de la oposición, el oficialismo abrió una negociación con los bloques no K, a fin de conseguir mayor consenso. Hasta ahora, el FPV sólo consiguió que los senadores del Peronismo Federal (son ocho, conducidos por Rodríguez Saá) hayan anunciado que irán al recinto a debatir, pero ninguno de ellos, sobre todos los enrolados en el massismo, están dispuestos a votar a favor. El resto de los bloques mantiene firme su posición de no asistir y de participar de la audiencia pública denominada "Consenso Parlamentario", con la que buscan quitarle, por primera vez en mucho tiempo, el manejo de los tiempos políticos al Gobierno.