La Justicia también es lenta para investigarse a sí misma

El 19 de marzo pasado, la noticia convulsionó los despachos de los Tribunales provinciales: el asesor letrado José Luis Santi figuraba en una lista –difundida por el Gobierno nacional– como presunto personal civil de inteligencia (PCI) del Batallón 141 del Ejército, que habría operado durante la dictadura militar; unas semanas antes, otra denuncia de la que se hizo eco este diario salpicaba de lleno al juez Ricardo Serafín Bianciotti, titular del Juzgado Civil y Comercial de 29ª Nominación, como supuesto autor de "malos tratos" a empleados de esa dependencia.Pese al revuelo que la noticia causó en la población judicial, el "caso Santi" se cayó cuando dejó de aparecer en los medios de comunicación.Ante la falta de avances de la causa, este diario consultó a voceros del Tribunal Superior de Justicia, quienes trasladaron responsabilidades a la Fiscalía General, que es donde radicó un pedido de investigación sobre Santi la titular del gremio de empleados judiciales, Irina Santesteban."Santi tiene rango de juez y el Tribunal Superior no pude hacer nada. Es el Jury (de Enjuiciamiento de Magistrados) el que lo puede echar. El Tribunal Superior sólo pude aplicar sanciones administrativas a los jueces. Además, la denuncia del gremio ingresó a la Fiscalía General", señaló uno de los voceros.Desde la otra vereda, Santesteban aportó lo suyo: "No tenemos ninguna novedad. El fiscal General (Darío Vezzaro) hizo una resolución donde me pide que vaya a la Justicia Federal, porque los delitos de lesa humanidad son tramitados en esa jurisdicción", dijo la dirigente sindical. Y ahondó: "La cuestión es que este tipo (por Santi) se tomó una semana de licencia y ahora está laburando; con perfil bajo, pero está laburando".Santi sigue en funciones y su pasado presuntamente tormentoso no ha motivado todavía una mínima sanción efectiva de parte de la Fiscalía General o del máximo tribunal. "La denuncia entró a la Fiscalía General, pero el que puede abrir un expediente es el Tribunal Superior", pasó la pelota otra fuente ligada a Vezzaro.

Malas relaciones. El juez de Quiebras Bianciotti quedó en medio de un escandalete cuando se divulgó la denuncia de una ex secretaria de ese juzgado, que aseguró haber sido objeto de "malos tratos" por parte del magistrado.Se sabe que a Bianciotti se le abrió un sumario interno el 31 de marzo de 2008 y que el expediente había pasado a la Fiscalía General para que emitiera un dictamen –no vinculante–, instancia previa a un pronunciamiento del Tribunal Superior."El caso está frenado. Del avance que se esperaba cuando el tema salió en el diario, no hay nada. Están esperando que esto pase al olvido", confió una fuente ligada a los denunciantes.El camarista Gabriel Pérez Barberá apareció enredado en un caso controvertido, cuyas derivaciones lo tienen a tiro a dos puntas: en la propia Justicia provincial y en el Consejo de la Magistratura de la Nación.Esta novela dice que Pérez Barberá habría utilizado sus influencias para ordenar una custodia policial permanente en un inmueble familiar.Lo curioso del episodio es que los mismos uniformados asignados a la tarea terminaron acusando al juez porque, en rigor, la consigna tendría que haberse hecho a través de "adicionales pagos". Según el abogado Alejandro Zeverín, patrocinante de esos policías, la situación es más grave aún porque para "afectar de manera ilegal" personal al cuidado del inmueble de Pérez Barberá, se "comprometió la custodia legal" impuesta por la Justicia Federal sobre la propiedad y familia del abogado Aurelio García Elorrio, denunciante de casos pesados de narcotráfico.Tras una presentación de García Elorrio, el fiscal Miguel Oyhanarte pidió el traslado del expediente, que recaló en el juez de Control Luis Nassiz. "Esta causa está frenada", confió otro informante tribunalicio.Con los antecedentes del caso, Zeverín impugnó a Pérez Barberá ante el Consejo de la Magistratura, donde el juez aparece en una lista de concursantes para ocupar un cargo en un Tribunal Federal de Córdoba. Dos para el Jury. El juez Carlos Tale cobró notoriedad cuando estuvo a cargo de la quiebra del Club Talleres. Pero se metió en problemas por el viaje que hizo a México para visitar las instalaciones del Club Pachuca, sin comunicar su ausencia a ninguna autoridad.Como corolario de un sumario del Tribunal Superior, el fiscal General Vezzaro elevó un pedido de jury a Tale, que puede terminar con su destitución del cargo. El proceso de juzgamiento sigue empantanado y se le concedió un nuevo plazo a Tale para hacer su descargo.También el Jury tiene pendiente abrir una etapa de juzgamiento al fiscal Rubén Caro, por la denuncia que le entabló el ex concejal Daniel Ingaramo (UCR). Caro había investigado a Ingaramo por presunto enriquecimiento ilícito y falsedad documental, a raíz de que el ahora ex edil no había incluido en su declaración jurada un depósito bancario de un millón de pesos.Una vez absuelto, Ingaramo inició una contraofensiva que dejó mal parado a su investigador. Además del pedido de destitución, Caro tiene una causa penal abierta por "graves irregularidades" en la tramitación del caso del "millón de dólares".

Cinco casos testigo José Luis Santi, Ricardo Serafín Bianciotti, Gabriel Pérez Barberá, Carlos Tale y Rubén Caro. Son sólo cinco casos testigo, entre muchos más, de parsimonia procesal en los Tribunales cordobeses para investigarse puertas adentro. La Justicia también suele ser lenta para averiguar los actos de sus propios miembros.

Causas  en  veremos

José Luis Santi - Asesor LetradoSu nombre apareció en una lista difundida por el Gobierno nacional como presunto personal civil de inteligencia (PCI) durante la dictadura. El gremio de judiciales hizo sendas presentaciones ante la Fiscalía General y el  Jury de Enjuiciamiento de Magistrados. Santi no ha recibido todavía sanción alguna y sigue en su puesto.

Ricardo Serafín Bianciotti - Juez en lo Civil y ComercialFue denunciado por "malos tratos" a empleados de su juzgado. Este caso tiene que ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, que decidirá si sanciona, o no, al magistrado. La causa estaría trabada en la Fiscalía General. Se cree que no lo mandarán al Jury y que todo terminaría en una "sanción administrativa".

Gabriel Pérez Barberá - Vocal de la Cámara de AcusaciónQuedó enredado en una polémica cuando se descubrió que había ordenado una custodia policial "ilegal" en un inmueble familiar. Está investigado por un juez de Control y el caso llegó al Consejo de la  Magistratura, donde Barberá está ternado para ocupar un cargo de vocal en un Tribunal Federal de Córdoba.

Rubén Caro - Fiscal de Instrucción

Lo denunció el ex concejal Daniel Ingaramo por las “graves irregularidades” que habría cometido el fiscal en la investigación del ex edil en una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ingaramo fue absuelto y Caro tiene una causa penal y un pedido de destitución.

Carlos Tale - Juez de QuiebraEstuvo a cargo de la quiebra del Club Talleres. Le pidieron un jury de enjuiciamiento por el viaje que hizo a México para visitar las instalaciones del Club Pachuca sin autorización de ningún superior. La causa está en la etapa de recolección de pruebas.