La Justicia sobreseyó a todos en la causa Ipam

En fallo dividido, la Cámara de Acusación de la Provincia de Córdoba sobreseyó a todos los ex funcionarios y ex proveedores del desaparecido Ipam (hoy Apross) que se vieron involucrados e imputados en maniobras presuntamente fraudulentas ocurridas durante la gestión de José Manuel de la Sota. Se trata del caso que comenzó a investigarse a raíz de la presentación de una cámara oculta en la que un proveedor admitía haber pagado coimas. La denuncia derivó en la imputación de los principales funcionarios del ex Ipam y, posteriormente, en el cambio de nombre del Ipam, que pasó a llamarse Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).Polémico por sus consecuencias como por su contenido, el fallo de la Cámara de Acusación sobreseyó a Edgardo Schmal, ex presidente del Ipam, y a Benjamín Pablo Bondone, ex gerente de Asuntos Legales, quienes estaban imputados por cohecho pasivo y administración fraudulenta calificada. También fueron sobreseídos los empresarios Alfredo Pantalone (ya fallecido) y Alejandra León, y los ex funcionarios del ex Ipam, de segunda línea, identificados como Mónica Moresi, Iris Claudia Romagnoli, Oscar Navas y Gustavo Luna, quienes estaban imputados como cómplices necesarios de administración fraudulenta calificada reiterada.Para el camarista Carlos Zalazar, autor del voto al que se plegó su colega Francisco Gilardoni (Gabriel Pérez Barberá, el otro camarista, votó en disidencia), el principal testimonio acusatorio "no es creíble".Se trata de la versión de los hechos que había relatado el empresario Pantalone, quien fue grabado con una cámara oculta por el entonces legislador juecista Ricardo Fonseca. Formulada la denuncia, el fiscal del fuero Anticorrupción Hugo Amayusco inició una investigación que determinó la existencia –según la acusación– de cobro de coimas a proveedores del servicio de transporte a hemodializados, hechos acaecidos en la desaparecida obra social entre 2002 y 2003. "Mentiroso". Luego de un proceso judicial de casi seis años, en los que el expediente fue investigado y elevado a juicio por Amayusco y confirmado por la jueza de Control Ana María Lucero Offredi, en su mayor parte la Cámara de Acusación consideró que la versión de Pantalone no era creíble. En los fundamentos de su sentencia, Zalazar recordó que Pantalone, cuando fue indagado por el fiscal Amayusco, dijo que lo que le había dicho a Fonseca eran "todas boludeces". Con ese argumento, Zalazar afirmó: "Cómo es posible, me pregunto, sostener toda una investigación relativa a hechos tan delicados y graves como la presente, a partir de entender que la irregularidad de los acontecimientos administrativos verificados encuentran su explicación en función de tamaña (y confesadamente mentirosa) versión y que, a partir de ahí, pueda ser tenido como probado". La opinión del camarista contrastó con la evaluación que en su momento hizo la jueza Lucero Offredi, quien no sólo aceptó como válida la prueba de la cámara oculta sino que ponderó la investigación que había realizado Amayusco.Zalazar, en cambio, cuestionó que la investigación haya hecho hincapié en un testimonio para él mentiroso. Señaló, para desacreditarlo, que resultaba "a todas luces contrario a la experiencia (judicial) que hechos de corrupción como los aquí investigados, y tal cual han sido descritos, se verifiquen en alguna estructura estatal (cualquiera fuese ésta) con un importante número de participantes y, como se afirma, en un largo período".Dejó entrever que le parecía ridículo que los más altos funcionarios, entre ellos el ex gobernador De la Sota y su por entonces esposa, Olga Riutort, hubiesen estado involucrados en la "organización" delictiva, tal como señaló Pantalone.