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La Justicia relativiza el plazo presidencial

El juez que investiga la tragedia ferroviaria de Once puso en duda la posibilidad de completar el peritaje en el tiempo máximo de 15 días solicitado ayer por la Presidenta.

29 de febrero de 2012 a las 12:01 a. m.
La Justicia relativiza el plazo presidencial

El juez que investiga la tragedia ferroviaria de Once puso en duda la posibilidad de completar el peritaje en el tiempo máximo de 15 días solicitado ayer por la Presidenta. Por su parte, el fiscal de la causa hizo pedidos que confirman que orientará la pesquisa hacia la responsabilidad de la empresa concesionaria y del Gobierno nacional.El lunes, Cristina Fernández pidió al juez federal Claudio Bonadío que finalice en un máximo de 15 días las pericias para "determinar a los responsables directos o indirectos" de la tragedia que causó la muerte de 51 personas y dejó heridas a otras 700, y prometió que a partir de esas conclusiones tomará "las decisiones que sean necesarias".Pero ayer fuentes del juzgado a cargo de la investigación pusieron en duda que pueda cumplirse con ese plazo ("puede durar menos o más de 15 días", dijeron) y pidieron separar las pericias técnicas para determinar las causas del hecho del devenir político consecuencia del suceso.Las pericias, según fuentes del juzgado, comenzarán a hacerse recién hoy (el hecho sucedió hace una semana) o mañana, cuando los tres peritos judiciales (dos de la Universidad de Buenos Aires y el tercero de la Corte) inspeccionarán el tren, que permanece estacionado en el mismo lugar donde chocó. Será para verificar "el estado general de la unidad, mantenimiento y calidad de los materiales de reparación", agregaron las fuentes. También estarán como peritos de parte profesionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de TBA, entre otros.El juez Bonadío recibió un escrito del fiscal Federico Delgado que incluye un pedido de informes que confirman que la orientación de la instrucción apuntará a la responsabilidad de TBA, la concesionaria propiedad de Claudio y Mario Cirigliano, como también de las autoridades políticas, en especial la CNRT.El fiscal pidió saber "si el control estatal se redujo al plano de la formalidad jurídica o si se extendió hacia el campo de lo real". También si TBA fue multada por la CNRT y pagó esas multas. Y si la concesionaria desvió dinero de subsidios a negocios financieros.