La Justicia pone en duda las primarias

Buenos Aires. El Gobierno nacional se vio obligado a ratificar ayer, una vez más, la realización de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el 14 de agosto ante la puesta en duda de las mismas por parte de la Justicia y la oposición. A siete meses de esos comicios, de los que surgirán las fórmulas presidenciales y las alianzas electorales para la elección del 23 de octubre, la Justicia hizo referencia a la imposibilidad técnica para llegar en fecha y la oposición planteó cuestionamientos políticos y hasta vaticinó que finalmente el Gobierno las dará de baja.Pusieron en duda la voluntad política de la Rosada, en ese sentido, el precandidato presidencial de la UCR, el senador Ernesto Sanz, la candidata Elisa Carrió (Coalición Cívica), el presidenciable jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri (Pro), y el sector que responde al precandidato a gobernador bonaerense Francisco de Narváez.Sanz, que en abril o mayo irá a una interna cerrada con Ricardo Alfonsín para empezar a definir la candidatura de la UCR, atribuyó al Gobierno la "incertidumbre" sobre la realización de las primarias por la demora en reglamentar algunos artículos de la ley de la reforma política.Carrió y Macri, a su vez, se basaron en advertencias de jueces federales electorales para sostener que las primarias aparecen de "imposible cumplimiento". Mientras que el diputado nacional Gustavo Ferrari, ligado a De Narváez, reclamó la suspensión de la aplicación de la ley porque "el proceso está plagado de sospechas". Respuesta oficial. "No hay ninguna razón para evitar realizarlas", salió al cruce, como ha tenido que hacerlo la última semana, el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Atribuyó las dudas a que "temen someter sus candidaturas a la ciudadanía". El director Nacional Electoral, Alejandro Tulio, a su vez, dio explicaciones técnicas ante el señalamiento que poco antes había hecho la jueza federal con competencia electoral en la Capital Federal, María Romilda Servini de Cubría, de la imposibilidad de llegar con el padrón electoral actualizado para cumplir los plazos de la primaria.Tulio dijo en ese sentido que, en diciembre, el Gobierno dispuso proveer al Poder Judicial 2.5 millones de pesos por mes para horas extras y contratos necesarios para la actualización del padrón y que en los juzgados electorales se suspendió la feria de enero.Es que la magistrada había dicho que "por más que nos apuremos, no llegamos" a incorporar al padrón los cambios producidos en 2010 y que el problema se repetirá en todos los distritos con más de un millón de votantes. La misma advertencia había hecho el mes pasado el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco. La magistrada sumó, además, otro inconveniente: el poco tiempo para realizar el escrutinio entre las primarias de agosto y la presidencial de octubre.Las presiones judiciales y opositoras parecen haber activado al Gobierno. Ayer la Presidenta se reunió con Randazzo y Tulio. El propósito habría sido ultimar el decreto para reglamentar lo que falta de la ley.