La Justicia federal, una colección de falencias

Falta de infraestructura, escasez de personal, una política poco clara para cubrir las vacantes, una deficiencia notoria de los recursos materiales para investigar, la imposibilidad de poder intervenir conversaciones por WhatsApp y, sobre todo, una dura crítica a la división Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba. De esta manera se podría sintetizar el apartado cordobés del informe 2013 del Ministerio Público Fiscal (MPF) que publicó la Procuración General de la Nación (PGN). En lo que respecta al aspecto que aparece como más crítico, la mayoría de los comentarios apuntan a la Policía. En ese sentido, el fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut advierte un "marcado descenso en la cantidad de investigaciones iniciadas por las fuerzas de seguridad", y a renglón seguido, subraya la "falta de recursos y personal de la División Drogas Peligrosas de la Policía". Remarca que esta fuerza cuenta con un sólo vehículo para todo el departamento San Justo y ocho efectivos para las investigaciones provinciales y federales, pese a estar en una zona estratégica en lo que respecta a las rutas del Mercosur. E indica que le resulta "llamativa la demora de la radicación de una delegación de la Policía Federal".En la misma línea, la fiscal federal de Villa María, Virginia Miguel Carmona, hace hincapié en que "la corrupción policial tanto provincial como federal, determina en muchos casos tener que acudir a personal de Gendarmería, que por su parte, tampoco tiene recursos humanos para poder dar respuesta a los requerimientos".Otro que dirige varias críticas es el fiscal federal Nº1 de Córdoba, Enrique Senestrari: "Es una constante por parte de casi todas las fuerzas de seguridad la carencia de medios que van desde vehículos para el despliegue de seguimientos, vigilancias y demás gestiones, hasta el papel para los informes de comisionados"."A lo expuesto –continúa– se suma hoy la grave crisis generada en el ámbito de la Policía de la Provincia a raíz de la investigación públicamente conocida como de los 'narco policías'. Debido a ello existe una importante, cuando no casi completa paralización de las tareas de investigación a cargo de esa fuerza, lo que conlleva una sobrecarga de comisiones a las fuerzas federales, las que, pese a su esfuerzo, debido a su escasa dotación, están teniendo complicaciones para cubrir todos los servicio". Senestrari advierte que aún existen serios problemas para poder realizar intervenciones telefónicas, ya que no hay equipos para poder rastrear una serie de aparatos. "En Córdoba, la Oficina de Observaciones Judiciales genera las grabaciones de intervenciones telefónicas en casettes, cuando es sabido que ya cada vez menos se consiguen equipos para reproducirlos. El servicio SMS (mensajes de texto), sólo en algunas compañías y con mucha dificultad puede ser intervenido", completa. Y señala, también, que los servicios de mensajería electrónicos, como Messenger, WhatsApp, Skype, Line y otras redes sociales, no pueden rastrearse con facilidad.Senestrari, al igual que su par de Villa María, señala que a partir de la desfederalización del narcomenudeo, decreció de manera notable la cantidad de investigaciones iniciadas en el fuero federal. "Esta medida ha generado un abrupto corte del acceso a la información generada en aquellos casos menores que generalmente eran una de las raíces para buscar datos acerca de proveedores, productores, financistas, etcétera, del tráfico de estupefacientes", indica el fiscal.En otras críticas, el fiscal General ante el Tribunal Oral Federal Nº 1, Maximiliano Hairabedian, advierte que es necesario que el MPF "promueva el ingreso y la promoción de sus agentes por medio de concursos que garanticen la idoneidad como criterio de selección", solicitud que también expresa el fiscal General ante la Cámara de Apelaciones, Alberto Lozada.