La endeblez de la argumentación oficial

El Estado "no pondrá un peso" para hacerse de la ex Ciccone porque el proyecto de ley prevé su expropiación mediante el cobro de las acreencias de las deudas que la empresa tiene con la Afip. El argumento que esgrimió el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, para justificar la iniciativa de recuperar la soberanía en materia de producción de papel moneda es por demás endeble.Si bien es cierto que el Estado no desembolsará un solo peso, no menos cierto es que ese mismo Estado es el que dejará de percibir el dinero correspondiente a las deudas de una empresa privada que, además, está en el ojo de la tormenta por su relación promiscua con al menos un sector del Gobierno. Además, se desconoce con certeza cuál es el monto de esa deuda, que en algún momento estimó en 60 millones de pesos el titular de la Afip, Ricardo Echegaray. Precisamente Echegaray es el funcionario recientemente acusado por la fiscalía que investiga el caso, por presuntas irregularidades en el plan de pagos autorizado a la ex Ciccone para levantar la quiebra y permitir así su control por el ignoto fondo de inversión The Old Fund, con el que estaría relacionado el vicepresidente Amado Boudou, el primer imputado en la causa judicial.Estas incertidumbres sobre quiénes son los accionistas de la ex Ciccone y a cuánto asciende la deuda que tiene con el Estado, además de las sospechas de corrupción que rodean el caso, son las que sustentan la resistencia de la oposición a respaldar una iniciativa –recuperar soberanía en esta materia– a la que, por principio, no se opondría. El diputado radical y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra lo sintetizó de manera elocuente: "Este es un caso de corrupción escandalosa. Ciccone es el Gobierno, que ha cerrado la persiana para que no se perfore ninguna información".