La Corte convocó a una audiencia pública al Gobierno y a Clarín

Buenos Aires. La Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para el próximo 28 de agosto con el propósito de que el Gobierno nacional, el Grupo Clarín y 10 asociaciones opinen acerca de si la Ley de Medios Audiovisuales es o no constitucional, antes de pronunciarse sobre el caso. La decisión fue adoptada en forma unánime por los siete miembros de la Corte, en su primera reunión plenaria después de las Paso (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), en las que el oficialismo sufrió la mayor derrota electoral en sus 10 años en el poder."Ante la trascendencia de las cuestiones planteadas en estas actuaciones para ser decididas por esta Corte, se considera apropiado habilitar los instrumentos especialmente previstos para permitir la participación ciudadana en el debate constitucional y, a la par, favorecer la difusión pública del modo en que el Tribunal conoce en los asuntos de esta relevancia", fundamentó la Corte al citar al encuentro. El mismo mecanismo fue utilizado por la Corte antes de pronunciarse sobre temas socialmente hipersensibles, como sucedió con el saneamiento del Riachuelo y reclamos territoriales de comunidades de pueblos originarios. Antes del fallo. La realización de la audiencia pública es considerada por fuentes del máximo tribunal consultadas por este diario como un paso previo al pronunciamiento definitivo sobre la Ley de Medios, sobre cuya fecha no hay aún unanimidad dentro de la Corte: "Puede ser después de octubre (el 27 es la elección legislativa) o incluso antes", deslizaron. Sancionada por el Congreso en 2009, la ley de medios tuvo este año sus pronunciamientos de fondo. El juez en lo civil y comercial Horacio Alfonso falló a favor de la constitucionalidad de la ley, pero la Cámara del mismo fuero, integrada por Susana Najurieta, Francisco de las Carreras y Ricardo Guarignoni, consideró inconstitucionales dos aspectos: Una parte del artículo 45, en lo que se refiere a limitar la multiplicidad de licencias de televisión por cable. El segundo párrafo del artículo 48, que sostiene que la propiedad de las licencias "no podrá alegarse como derecho adquirido", tal como lo había objetado el Grupo Clarín. Si esto prevalece, el grupo empresarial podría seguir siendo titular de todas sus licencias de cable y el único límite que se le establece es no sumar más de 10 licencias de aire y radio en todo el país. Además, esa Cámara declaró constitucionales los artículos 41, que restringe la transferencia de licencias, y 161, que fija en un año el plazo de desinversión para grupos que superen el tope de la norma. La validez constitucional o no de la totalidad de los artículos 41 y 161 y de parte de los 45 y 48 son cuatro de las cinco cuestiones (la restante son "elementos de hecho y prueba conducentes") habilitadas por la decisión de la Corte para tratar en la audiencia. Para la misma, las partes (Clarín y el Gobierno) deberán designar a un representante, mientras que los amicus curiae (amigos del tribunal) serán 10, a razón de cinco por cada una de las partes. A la audiencia asistirán los peritos designados de oficio, que darán explicaciones si así lo solicita la Corte.

Invalidan designación de Gils Carbó

Otro tema. En su reunión de ayer, la Corte, sin el voto del ministro Eugenio Zaffaroni, también declaró inválido el nombramiento que hizo la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de una fiscal subrogante en el organismo: la procuradora adjunta ante la Corte, Alejandra Cordone Roselló.

El fallo. Sólo declara inválido ese nombramiento en particular, más allá de que a Gils Carbó se le cuestiona la designación de unos 40 fiscales subrogantes, por lo que afronta una causa penal.

Caso particular. Todo deriva de una causa en la que el presidente del directorio de la empresa Automóviles Saavedra SA había pedido a la Corte la nulidad de un dictamen porque fue firmado por la procuradora fiscal subrogante Cordone Roselló. La Corte fundamentó su decisión por entender que dicho cargo vacante debía ser cubierto por una fiscal y no una secretaria, como es el caso de Cordone Roselló.