Tardó en llegar, pero al final la Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a declarar un paro general. Será el cuarto durante la presidencia de Javier Milei y se inscribe en el rechazo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo. ¿Cuándo? El día que se debata en Diputados, muy probablemente el jueves 19.
Suelto, es un dato fuerte. Pero el nuevo paro adquiere mayor densidad cuando se lo incorpora a la serie histórica de los 42 años de democracia ininterrumpida.
Para eso, sirven los estudios del Observatorio de la Calidad Institucional, de la Universidad Austral, dirigidos por el investigador Marcelo Bermolén, que desde el retorno democrático en 1983 hasta abril de 2025 contabilizaron 45 paros generales.
De ese total, 29 se concentraron en las gestiones de cuatro presidentes no peronistas, Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa, Mauricio Macri y Milei, quienes gobernaron en conjunto 13 años.
Con la nueva medida, la cifra ascenderá a 30 en 14 años.
En contraste, los cinco presidentes peronistas que ocuparon la Casa Rosada durante 28 años acumularon 16 huelgas nacionales.
Una asimetría que no solo es cuantitativa, sino también temporal. Si se observa la frecuencia, los gobiernos no peronistas enfrentaron un promedio significativamente mayor de paros por año de gestión que los peronistas.
A saber: Alfonsín registró 13 paros a lo largo de su mandato, con una secuencia creciente en los tramos de mayor deterioro económico; De la Rúa acumuló 5 en 2 años, en un contexto de recesión prolongada, fragilidad parlamentaria y pérdida acelerada de legitimidad política; Macri sufrió 5 en 4 años y fue el único presidente no peronista que completó su mandato sin que la conflictividad nacional; y Fernández no registró paros generales durante su gestión, atravesada por la pandemia, la renegociación de la deuda externa, cepo cambiarios, una inflación que pudo ser “hiper” y la caída sostenida del salario real.
El caso de Milei presenta particularidades dentro de esa secuencia. Recibió el primer paro nacional a los 45 días de haber asumido, el registro más rápido desde 1983, mientras que el tercero llegó a los 487 días.
Pero, entre el segundo y el tercero transcurrieron 334 días, un intervalo mayor al observado en otros gobiernos no peronistas.
Con el cuarto paro, la frecuencia se aproxima a la experimentada por Alfonsín en los primeros dos años de su presidencia.
Contexto histórico
La comparación histórica exige incorporar contexto institucional y económico. En 1984, el intento de reforma sindical conocido como ley Mucci abrió un frente directo entre el gobierno radical y la CGT.
Se trataba de una administración que intentaba consolidar la transición democrática en medio de crisis de deuda, inflación en ascenso y estructuras gremiales (y militares, hay que recordarlo) consolidadas durante décadas.
En los años ′90, durante la presidencia de Menem, las reformas laborales avanzaron con acuerdos entre el Ejecutivo y sectores del sindicalismo, lo que moderó la convocatoria a huelgas generales aunque no eliminó conflictos sectoriales. La articulación política entre el oficialismo y la conducción sindical incidió en esa dinámica.
En el período 2015-2019, el gobierno de Macri enfrentó recesión, “gradualismo” y deterioro del poder adquisitivo. Sin embargo, la CGT mantuvo una estrategia de negociación intermitente y administró los tiempos de confrontación.
La fragmentación interna del sindicalismo, la coexistencia de liderazgos dialoguistas y corrientes más confrontativas, y la expectativa de preservar canales de interlocución institucional condicionaron la frecuencia de paros generales.
La presidencia de Fernández constituye un caso singular porque la pandemia implicó restricciones a la movilidad, suspensión de actividades y expansión del gasto público para sostener ingresos. En ese marco, la relación entre la CGT y el Ejecutivo se desarrolló en un esquema de “cooperación” frente a la emergencia sanitaria.
Aspectos sensibles
La actual reforma laboral promovida por el gobierno de Milei vuelve a colocar en discusión aspectos sensibles para la estructura sindical. Entre ellos se encuentran el régimen de aportes, el funcionamiento de las obras sociales, la intermediación en seguros y fondos específicos, y la regulación de modalidades contractuales.
Pero no todo fue malo para la cúpula. En la redacción final del proyecto se incorporaron modificaciones que preservaron atribuciones históricas de las organizaciones gremiales, especialmente en materia de administración de recursos. Es decir, la caja.
Sin embargo, y a pesar de esos guños, esa negociación previa no evitó la convocatoria al paro general.
Lo que está sucediendo en la central obrera tiene que ver con la salida de dirigentes con posiciones más duras (ya no están los Moyano) y la presión de sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación Trabajadores del Estado y el gremio de Aceiteros alteraron ese balance. La convocatoria al cuarto paro expresa también esa reconfiguración interna.
Decisión
La serie de 45 paros generales (ahora, 46) desde 1983 muestra que la decisión de convocar a una huelga nacional no ha dependido exclusivamente de indicadores macroeconómicos. Inflación, caída del salario real, desempleo y aumento de la pobreza estuvieron presentes tanto en gobiernos con alta frecuencia de paros como en otros sin convocatorias generales.
La variable política, el vínculo histórico entre dirigencias sindicales y tradiciones partidarias –el peronismo, claro está–, la estructura del Congreso y la orientación de las reformas propuestas también aparecen como factores relevantes en la dinámica de confrontación o negociación.
En los gobiernos no peronistas, la agenda de reformas estructurales en materia laboral y previsional tendió a activar mecanismos de resistencia sindical con mayor intensidad.
Pero en los gobiernos peronistas, la articulación política y la pertenencia a un mismo espacio de referencia partidaria incidieron en la gestión de los conflictos, aun en contextos económicos adversos. La distribución temporal de los paros refleja esa regularidad.
Con cuatro huelgas en dos años, la presidencia de Milei se incorpora a la franja de mayor conflictividad nacional dentro de la experiencia democrática reciente.
De todas maneras, la comparación con Alfonsín y De la Rúa surge por la frecuencia observada en los primeros tramos de gestión, pero no de los contextos macroeconómicos, la composición legislativa y el escenario internacional. Diferentes todos al actual proceso político.
