La causa judicial, con condenas pero sin cerrar por apelaciones

Tortuoso, trabado, demorado. Así fue el proceso judicial, aún abierto, de la causa penal que debe explicar por qué sucedieron las explosiones de 1995. 19 años después se concretó el juicio oral, que terminó con cuatro exmilitares condenados. La causa, en realidad, sigue abierta porque esas condenas se han apelado y restan otros recursos por dilucidar. Un cierre, definitivo, con el resultado que fuere, demandará entre tres y cinco años más, según quien lo calcule.El Tribunal Federal 2 de Córdoba dictó en diciembre de 2014 su sentencia, tras cuatro meses de audiencias en el juicio oral. Los jueces Carlos Lascano, José Pérez Villalobos y Mario Garzón concluyeron en su fallo que "se trató de un atentado provocado de modo intencional, organizado y direccionado, para lograr el ocultamiento de pruebas sobre el contrabando de material bélico y la consiguiente impunidad de sus autores y cómplices".Jorge Cornejo Torino, Edberto González de la Vega y Carlos Franke fueron condenados a 13 años de prisión y Marcelo Gatto a 10, como "autores mediatos" de estrago doloso agravado. Los cuatro ocupaban cargos jerárquicos en Fabricaciones Militares. Mantienen su libertad porque la condena no está firme. Sus abogados recurrieron ante la Cámara Nacional de Casación Penal, sosteniendo que el fallo era "arbitrario" y carente de pruebas. Sea cual fuere la resolución en ese tribunal, quedará la vía de la Corte Suprema como instancia final.El fallo no avanzó sobre responsabilidades superiores. La causa había llegado a juicio sólo con esos mandos medios imputados. Antes, en 2010, la Justicia había sobreseído al exjefe del Ejército, Martín Balza, y dictado la falta de mérito sobre el expresidente Carlos Menem.Sobre ambos, fiscales y querellas reclamaron que sean vueltos a procesar y sometidos a juicio. El pedido lleva años en la Cámara de Casación, y una vez resuelto restará la instancia de la Corte Suprema. Demandas civiles Entre 1996 y 1999, el Estado nacional pagó por vía administrativa resarcimientos por unos 84 millones de pesos (dólares de entonces). Luego, con los años, hubo unos 12 mil riotercerenses que iniciaron demandas judiciales por indemnizaciones. Más de 10 mil fueron en una sola causa, patrocinada por un mismo abogado, por presuntos daños morales. A 20 años, apenas un centenar de causas civiles han tenido fallos judiciales y queda pendiente esa megademanda colectiva. El Congreso nacional aprobó este año una ley para intentar un acuerdo extrajudicial para esos casos. A esa ley le falta aún la reglamentación que la precise. Quienes acepten cobrar deben renunciar a la vía judicial. Según Mario Ponce, abogado de esas 10 mil causas, por daños morales cada vecino recibiría unos 25 mil pesos, en bonos. Pero el monto no está definitivamente claro.