Justicia lenta, oficialismos veloces

La Justicia Federal con competencia electoral es el organismo que organiza y controla el proceso de las elecciones legislativas en todo el país. En algo parece que se han puesto de acuerdo los juzgados de Buenos Aires y Córdoba: en la lentitud para determinar si son ciertas las denuncias de transgresiones a la ley electoral de las que son acusados los oficialismos nacional y provincial.

El kirchnerismo y el delasotismo transitan por veredas políticas opuestas, pero en esta campaña tienen una coincidencia: han motivado denuncias sobre violaciones a la norma electoral.

Tanto la presidenta Cristina Fernández como el gobernador José Manuel de la Sota encabezan actos para inaugurar obras o protagonizan spots publicitarios en un período de tiempo electoral en el que por ley está vedado hacerlo.

Los oficialismos parecen ser conscientes de que están incumpliendo la ley, pero la lentitud de los juzgados electorales para actuar les permite a los gobernantes cumplir con su objetivo: llegar a la gente con sus mensajes de respaldo a sus candidatos.

En Córdoba, el delasotismo se mostró preocupado por difundir sus propuestas, aun fuera del período previsto por la ley, ya que se vio perjudicado en la distribución de la publicidad gratuita. Una parte de esos espacios que radios y canales de televisión deben ceder obligatoriamente para la propaganda electoral, se repartió de acuerdo con el resultado de la última elección de diputados nacionales (2011), en la cual el PJ cordobés no presentó candidatos. El primer aviso que protagonizó Juan Schiaretti fue levantado por orden judicial, luego de varios días.

Los apoderados del Frente para la Victoria fueron los que recurrieron a la Justicia Electoral para impedir que el aviso del oficialismo cordobés continuara saliendo al aire.

Lo paradójico es que el Frente para la Victoria tiene como máxima referente a la presidenta Cristina Fernández, quien, en Buenos Aires, también está acusada de violar la ley electoral en forma sistemática.

La Justicia Electoral actúa cuando existe una denuncia, pero el daño ya está causado. Y es llamativo que no se apliquen sanciones.

Este rompimiento de las reglas les genera una ventaja sobre sus rivales.

Los gobernantes de turno que deberían custodiar la igualdad de oportunidades son los que no cumplen.

Y la Justicia Electoral hace poco o se muestra lenta para remediar esta situación.