Investigan a Echegaray por usar Afip contra opositores
Un fiscal federal pidió que se averigüe si el jefe de los recaudadores empleaba datos fiscales para perseguir a dirigentes de la oposición.
El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer investigar al titular de Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray, en una causa en la que está imputado por el delito de violación del secreto fiscal en perjuicio de opositores políticos. Además, el fiscal intervino en otra causa contra Echegaray por presunto enriquecimiento ilícito, en la que solicitó medidas previas antes de resolver si imputa al titular de la Afip. Estas dos causas están en manos del juez Sebastián Ramos.A principios de año, el diputado nacional de la UCR, y ex fiscal Manuel Garrido había denunciado a Echegaray por "violación sistemática del deber de preservar el secreto fiscal" y por utilizar esa información para desarrollar ataques políticos.El diputado nacional señaló que en la conferencia de prensa realizada el viernes 3 de enero del corriente, en la que Echegaray habló de su viaje de fin de año a Río de Janeiro, el titular de la Afip había realizado referencias a la situación fiscal de los legisladores Elisa Carrió y Pino Solanas, cuando justificó la compra de dólares para viajar en el hecho de que en 2013 tributó 900.000 pesos del impuesto a las ganancias, que "es mucho más que lo tributan candidatos a presidentes" de la oposición. Manuel Garrido recordó además la visita de la Afip a la escuela del cineasta Eliseo Subiela, luego de una crítica al Gobierno por no poder comprar dólares.
Enriquecimiento
Por otra parte, la denuncia por enriquecimiento ilícito había sido presentada por el abogado Alejandro Sanchez Kalbermatten, a quien el fiscal le pidió que ratifique la denuncia contra el titular de la Afip.
El abogado porteño aseguró que el patrimonio de Echegaray creció un 2055 por ciento desde que asumió en la función pública. Según consta en su última declaración jurada, el patrimonio del funcionario es de $ 5.541.877.
Cabe recordar que el 6 de febrero último el fiscal Di Lello había presentado la solicitud al juez Ariel Lijo para que el vicepresidente Amado Boudou y el titular de la Afip sean indagados por el caso Ciccone, ya que según el escrito del fiscal, hay pruebas que demostrarían que los funcionarios “se interesaron”, violando la ley, por la suerte de la imprenta que fabrica papel moneda.
En aquella oportunidad, Echegaray le concedió a la imprenta un plan de pagos extraordinario; diferente de los otros otorgados por la Afip, sostuvo el fiscal. Ambos funcionarios, según Di Lello, deben ser citados a declarar como acusados del delito de negociaciones incompatibles con sus cargos, delito que prevé una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
