Injusticias en el laberinto de los servicios públicos
Un residente de Córdoba o de Santa Fe abona tarifas eléctricas hasta 10 veces más altas que uno de Buenos Aires.
La principal avenida por la que el Estado nacional aumentó su peso en el flujo económico del país fue la de los subsidios a los servicios públicos.Su impacto fiscal, social y político está expuesto en carne viva por estos días, con la judicialización de las tarifas. La relación es tan simple como directa: cuánto y cómo aumenta lo que cada usuario paga por gas y luz equivale en forma proporcional a cuántos billetes deja de poner el Estado.El año pasado, la administración nacional terminó con un "rojo" de 224.600 millones de pesos y gastó 170.000 millones en ayudas a empresas públicas, fondos fiduciarios y sector privado de electricidad, gas, carbón y energía nuclear.Días atrás, la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) presentó un informe al que tituló "El laberinto de los subsidios".En ese dédalo, Córdoba y otras provincias terminan perdidas en pasillos que no tienen la misma cantidad de atajos "mágicos" que sí aparecen en el Gran Buenos Aires desde hace 10 años.Un trabajo que Asap hizo con el Instituto Argentino de Energía General Mosconi indica que el "esquema de subsidios es profundamente inequitativo a nivel regional y provincial" y que eso provocó una "fuerte disparidad", por ejemplo, con las tarifas de distribución de electricidad para el Gran Buenos Aires.El año pasado, la Nación destinó casi 92 mil millones de pesos en subsidios (incluye giros de capital) para la energía eléctrica, que equivalen a 2.140 pesos por habitante. Pero el reparto no fue lineal con ese promedio."Un residente de Córdoba o Santa Fe abona tarifas por el servicio eléctrico hasta 10 veces más altas que un residente del Gran Buenos Aires, y 4,3 veces superiores al promedio nacional", sostuvo ese trabajo publicado el año pasado.Incluso, la inequidad (con un grado menor) persiste en los nuevos cuadros tarifarios ahora judicializados.La participación de las provincias ha sido más equitativa en el caso del gas natural y del gas en garrafas. En cambio, todos los giros carboníferos quedan en la mina de Río Turbio (YCRT), en Santa Cruz, en la que meses atrás se inició una auditoría por irregularidades en el manejo de dinero.
Disparidades
En el transporte también hay fuertes disparidades. Si bien todas las provincias sienten el impacto de los subsidios para los colectivos, otra vez el Gran Buenos Aires saca ventajas.
En septiembre de 2015, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) calculó que el costo del boleto bajó casi 30 por ciento promedio desde 2003 en términos reales en el área metropolitana bonaerense.
“El ferrocarril experimentó la mayor caída en el valor del boleto ajustado por inflación, cercana al 60 por ciento”, agrega el informe. En el caso de los trenes, la perinola siempre arroja el “pone todo” para el interior.
Un capítulo aparte es el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), que presta el servicio de agua y cloacas a la Capital Federal y a 17 partidos del conurbano bonaerense. El año pasado recibió 8.567,2 millones de pesos y hasta junio había obtenido 7.289,3 millones de pesos, es decir, casi lo mismo que en todo 2015 y el doble en comparación con el primer semestre del año pasado.
En esencia, lo que ocurre es que un mes de subsidios a esa empresa equivale a casi un año del gasto promedio de agua y cloacas que afrontan los vecinos de la ciudad de Córdoba.
