Ganancias, un reclamo sin color político
Aunque la demanda sea rechazada por la Justicia Federal, la envergadura de la presentación repercutirá nacionalmente.
La movida gremial cordobesa de llevar ante la Justicia un recurso de amparo colectivo, para frenar el avance del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de los trabajadores, consiguió unir tras ese objetivo a sindicatos de todos los colores políticos.
Gremios delasotistas, kirchneristas, moyanistas y radicales participarán en una cruzada judicial que, por sus características, es la primera que se realiza en el país desde que el tributo nacional comenzó a asfixiar a los asalariados.
La decisión de ir por la vía judicial tomó fuerza tras la movilización contra Ganancias que llevó adelante la oficialista CGT Regional Córdoba, el pasado 17 de julio. Curiosamente, la propuesta que finalmente se eligió como alternativa, nació en la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos de la República Argentina (Aefip), el gremio que nuclea a los empleados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el ente recaudador del tributo cuestionado.
La presentación será patrocinada por Miguel Rodríguez Villafañe, un abogado constitucionalista que hizo público su apoyo a políticas de la Casa Rosada, como la reforma judicial y la ley de medios.
El letrado mantiene bajo siete llaves el contenido de su propuesta, aunque no duda en afirmar que provocará una “revolución jurídica”.
A diferencia de otros amparos que tomaron casos individuales –como el presentado el año pasado sin éxito por el sindicato de los municipales de la ciudad de Córdoba (Suoem), para que no se les cobrara Ganancias a 38 jubilados– el recurso que se anuncia ahora apunta a representar al universo de trabajadores de los gremios que delegarán esa responsabilidad en un mega acción judicial.
“Una cosa es rechazarle un amparo a Rodríguez Villafañe y otra distinta es hacerlo contra todo el movimiento obrero de Córdoba”, distinguió por lo bajo uno de los protagonistas de la movida.
Sin duda, la presión que sentirán sobre sus espaldas los dos jueces federales de Córdoba –Ricardo Bustos Fierro y Alejandro Sánchez Freytes– no será menor. El amparo, tal como se planteará, apunta a representar a miles de trabajadores de una veintena de gremios cordobeses.
La clave de la demanda estará en cambiar la forma en que se calcula el cobro del tributo para la cuarta categoría de Ganancias, que incluye a los empleados en relación de dependencia, jubilados y autónomos.
Aunque la demanda sea rechazada por la Justicia Federal, la envergadura de la presentación repercutirá nacionalmente, con el consiguiente impacto político.
Paradójicamente, muchos de los gremios que más se quejan por lo que les descuentan por Ganancias a sus trabajadores no participarán del amparo por limitaciones estatutarias y políticas.
No irán a la Justicia el Smata, que representa a los operarios de las automotrices, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el Sindicato de Camioneros de Córdoba, que depende de lo que ordene Hugo Moyano, titular de la Federación de Camioneros y de la CGT nacional opositora.
Aunque en distintas veredas ideológicas, delasotistas como José Pihen, kirchneristas como Rubén Daniele y moyanistas como Gabriel Suárez, de Luz y Fuerza, dejarán de lado sus lealtades políticas para atender el reclamo de sus bases, ante el desmedido crecimiento de un impuesto que castiga cada vez más los salarios.
