Funcionarios con cuentas pendientes en la Justicia

¿La política se ha judicializado? ¿O cada vez son más recurrentes los casos de mala administración que involucran a funcionarios públicos y que merecen la intervención de los Tribunales? Aunque, de manera opuesta, también se suman a la lista de investigados, magistrados y funcionarios de distinto rango del Poder Judicial. La nómina sería frondosa si se rastreara la situación de actuales y ex funcionarios de los tres poderes del Estado con problemas legales. Si fuera así, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime quizá aparecería al tope de ranking en acumulación de causas judiciales."Son los riesgos de desempañar funciones públicas. Si yo tomo la función judicial, asumo el riesgo de que se me critique, de que se me juzgue, porque asumí los riesgos de la función; más allá de que estamos viviendo la época de la 'patria judicial'", ejemplificó Luis Rubio, vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.Un mapeo sólo de algunos de los que hoy están en la actividad pública muestra que en Córdoba, por caso, tienen expedientes abiertos en la Justicia el gobernador Juan Schiaretti, el intendente de la capital provincial, Daniel Giacomino, y el antecesor de éste en el municipio, Luis Juez, actual senador nacional.El fiscal porteño Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi el procesamiento de Schiaretti en la causa por el presunto cobro de sobresueldos cuando éste se desempeñó como secretario de Industria del gobierno de Carlos Menem. También están imputados el ex presidente, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y casi todo el gabinete de aquella gestión.Por el lado de Giacomino, enredado por estos días en una profunda crisis en su gestión, tiene causas en el fuero provincial y en el federal. Un repaso sobre tres de ellas: por contaminación del río Suquía; por no haber constituido el Fondo de Obras Públicas, que destina dineros de los impuestos a fondos para obras; y una denuncia de un particular cuya hija murió en un accidente de tránsito y que cuestiona la falta de controles en los boliches nocturnos.En cuanto al ex intendente y senador Juez, el fiscal porteño Guillermo Marijuán sigue la pista de un giro de 650 mil pesos otorgado en 2007 a la Intendencia de Córdoba por la entonces secretaría de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti. El fiscal sospecha que Juez no llevó adelante programas ambientales con esos fondos.El titular de la Crese (empresa de recolección de residuos), Eduardo García, ha pedido la probation para eludir el juicio en la causa en la que está acusado junto a un grupo de vecinos por el incendio de una confitería en construcción en el Parque de las Naciones, en 2002, durante la gestión municipal de Germán Kammerath. García era entonces diputado nacional por el socialismo. Menem siempre está. En el ámbito nacional, un veterano en cuestiones de lidiar con los Tribunales es el actual senador por La Rioja Carlos Menem, salpicado por varias causas resonantes; una de ellas es el meneado contrabando de armas de guerra a Ecuador y a Croacia, actualmente ventilada en un juicio en Buenos Aires. Menem fue favorecido con una "falta de mérito" en la causa por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero, de 1995. Otro caso que hace ruido político es el que involucra al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en el escándalo de las escuchas telefónicas ilegales. A Macri, que atribuye sus últimas desgracias al kirchnerismo, lo investiga el juez Norberto Oyarbide. El fundador del PRO prefiere hacer la vista gorda a su imputación y avanza como aspirante presidencial para 2011. Desde el Gobierno nacional, el polémico secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, está bajo la lupa por abuso de autoridad, en el marco de las escandalosas asambleas de directorio de Papel Prensa. El ministro de Economía, Amado Boudou, tiene otro sumario en averiguación por la compra millonaria de automóviles de alta gama sin licitación.A su ves, el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, estuvo bajo la lupa en una causa por la compra directa de miles de litros de gasoil. Ahora fue denunciado por un abogado y tres particulares por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" a raíz del dictado de la resolución que quitó la licencia habilitante a Fibertel para brindar sus servicios de Internet. Desde la Justicia. También hay exponentes de la Justicia en problemas legales. En Córdoba, el titular de la Cámara Federal, Luis Rueda, tiene abiertos expedientes en Tribunales y en el Consejo de la Magistratura de la Nación a raíz de las denuncias por su actuación poco clara durante la dictadura militar, que le hizo el represor Carlos Yanicelli en el juicio contra Jorge Rafael Videla. A su vez, el asesor letrado de los Tribunales provinciales José Luis Santi figura en una lista difundida por el Gobierno nacional como "agente secreto" de inteligencia que durante la dictadura militar operó en el Batallón 601 del Ejército. Santi, según fuentes judiciales, va camino a un seguro jury, previo a su eventual destitución. Informes de Defensa enviados a la fiscal federal Graciela López de Filoñuk confirman que Santi fue agente de inteligencia militar y que no informó de esa situación en su declaración jurada al asumir el cargo. La lista es amplia y en la mayoría de los casos se trata de expedientes frenados en los estamentos encargados de echar luz sobre conductas dudosas.