Fallo niega que haya habido "intimidación pública" en las protestas por la Caja

La Cámara de Acusación se pronunció en contra de la criminalización de la protesta social en el marco de la causa que se sigue a gremialistas de Luz y Fuerza por las protestas de 2008 en contra de la reforma de la Caja de Jubilaciones.Los trabajadores afrontan cargos de daño, atentado a la autoridad e intimidación pública por los hechos del 20 de agosto de ese año, de acuerdo a la instrucción del fiscal Enrique Gavier (ver La violencia volvió a teñir la protesta gremial 21/08/2011 y El escenario de un mediodía caótico 21/08/2011).En una resolución emitida ayer, el tribunal de alzada entiende que no se puede aplicar la figura de "intimidación pública" porque se estaría criminalizando la protesta social. En cambio, la Cámara sí considera que deben investigarse los delitos de daño y atentado a la autoridad. Los fundamentos. En esta decisión se sostiene que en caso de perseguir penalmente la protesta social, se hace prevalecer un mero derecho de bajo rango, infraconstitucional -en este caso la tranquilidad pública-, por encima de otros de mayor jerarquía, como lo son el derecho de libertad de expresión y el de peticionar a las autoridades. Los camaristas entienden que si la protesta social realmente tiene por finalidad oponerse a una ley (como lo era la de reforma de jubilación provincial), no puede tener por finalidad una cuestión penal como alterar la paz pública. En el auto 255, la Cámara de Acusación sostiene que la libertad de expresión no sólo beneficia a los medios de comunicación, sino también a cualquier persona o particular y se hace eco de decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.El escrito sostiene que "para determinados sectores sociales, la única forma de ingresar al debate público suele ser la protesta social, porque no tienen otros medios para hacer oir sus pretensiones o su disenso frente a una decisión legislativa o de gobierno que afecta sus intereses".