Entre los que están y los que siguen impunes

La euforia de muchos por ver en marcha uno de los juicios más esperados en Córdoba por los crímenes del terrorismo de Estado, se contrapone a cierto pesimismo de otros, que quieren sentar también en el banquillo de los acusados a empinados protagonistas judiciales de aquellos años trágicos.

"Acá tendrían que estar jueces, fiscales, secretarios y defensores oficiales. Tendrían que ser acusados de asociación ilícita y encubrimiento", comentaba ayer el abogado Rubén Arroyo. Aun como jubilado, Arroyo lleva adelante una pelea para que sean castigados funcionarios de la Justicia Federal que durante la dictadura habrían sido laxos con los represores e indiferentes con el sufrimientos de las víctimas.

Pero exponentes letrados de organismos de derechos humanos lo cruzan a Arroyo con el argumento de que ha resultado una batalla ardorosa reunir en un mismo juicio en Córdoba al dictador Jorge Videla y a Luciano Benjamín Menéndez. El ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, además, ya ha escuchado dos condenas a prisión perpetua en otros tantos procesos que se ventilaron en el mismo Tribunal Oral Federal N° 1.

También la causa ahora en debate por los crímenes en la antigua Cárcel Penitenciaria, con Videla procesado, se inscribe entre las páginas emblemáticas del accionar del terrorismo de Estado. Ese expediente, que reúne a una treintena de matones del Ejército y de la Policía, fue objeto de tironeos durante una instrucción eterna.

"Hasta acá hemos llegado. No es poco tener a Videla y a Menéndez sentados en el banquillo. Se ha completado la cadena de mandos", respondía, en contraposición con el criterio de Arroyo, uno de los abogados querellantes en este juicio que arrancó ayer.

Es verdad: el dolor y el desahogo convertidos en llanto de los familiares de las víctimas no dejan margen, por ahora, para analizar la impunidad de la que siguen gozando otros actores que decidían sobre la suerte de centenares de detenidos.

Pero hay que ser prudentes. Es factible que durante el tratamiento de una de las dos causas que se ventilan en este proceso, que se extendería hasta fin de año, salgan a la luz pública algunas relaciones nunca aclaradas entre la mafia policial de aquellos años y el poder político y judicial en democracia.

El ex policía Carlos Alfredo Yanicelli, acusado de torturar gente, ocupó un cargo en la cúpula policial de Córdoba durante la gestión de Ramón Mestre. Yanicelli reportaba, entre otros superiores, al entonces ministro de Gobierno, Oscar Aguad.

El hoy diputado ha dicho que no conocía los antecedentes de Yanicelli. Otros le replican que bastaba con leer los diarios de la época para conocer de quién se trataba.