El riesgo de que trabajen todos los que cobran
La acción de nombrar por nombrar gente en el Estado atraviesa y unifica. Desde Kirchner a Macri, pasando por De la Sota, Mestre y Juez.
Tragedias como la de Cromañón les aportaron a la legislación y al control de las normas en Argentina criterios más estrictos respecto de la capacidad que pueden albergar los lugares públicos o de concentración masiva de gente.
Esas normas habrá que tenerlas bien a mano si es que, a medida que se va difundiendo la cantidad de personal en distintas reparticiones del Estado, los que figuran en cada planilla se presentan a cumplir funciones en la dependencia asignada. Es que podrían producirse peligrosos agolpamientos.
Parece cómico o tragicómico, pero es un dato: hay reparticiones públicas que no están en condiciones edilicias de albergar al personal que figura en esa nómina salarial.
El caso del Senado nacional, difundido por este diario el domingo pasado, es sólo un botón de muestra. Resultados similares tal vez se consigan en varios estratos de los tres poderes del Estado en diferentes jurisdicciones.
La Cámara Alta nacional tiene el listado de sus empleados transitorios y permanentes con acceso público en Internet, lo que permitió conocer –por caso– que a Luis Juez lo asisten 45 personas y a la radical Marta Borello, 38.
La Legislatura de Córdoba no cuenta con el más mínimo registro público de su personal transitorio ni permanente, como tampoco está esa información en las dependencias del Ejecutivo provincial o de la ciudad de Córdoba.
Para dimensionar lo que representan 40 o más personas que trabajan para un parlamentario, vale citar el dato de que, para la ley, una empresa deja de ser pequeña cuando tiene más de 40 empleados. Nuestros senadores ya pueden dejar de ser tratados como Pyme y considerados grandes generadores de mano de obra.
Los risibles argumentos de los senadores Juez (repartir entre muchos para que tengan obra social) y Borello (se los dejaron otros senadores), tal vez podrían repetirlos legisladores nacionales y provinciales, ministros y secretarios de Estado que atiborran las plantillas salariales con gente que no se sabe qué hace y que tiene severas dificultades para explicarlo.
Si uno repasa la nómina de los cordobeses que cobran 20 mil pesos o más del Senado, se da con muchísimos que tienen otros empleos en Córdoba –tanto en el sector público como en el privado–, que se supone les demandan cierta dedicación.
Ayer, Borello lo dijo con todas las letras: tiene empleados que no pisan el Senado.
Todos nombran
La corrupción tiene niveles y graduaciones. Sin duda, hay hechos graves, como que un funcionario se quiera quedar con la empresa que imprime los billetes, de lo que está acusado el vicepresidente de la Nación y titular del Senado, Amado Boudou. Escalones más abajo figura tener empleados con sueldos de 20 mil pesos para que hagan una tarea mínima o no hagan nada.
En el medio, hay de todo. Lo que sí está claro es que, en el uso del aparato y la nómina salarial del Estado para beneficio propio, no aparece nadie en condiciones de tirar la primera piedra.
Néstor y Cristina Kirchner nombraron a razón de 100 personas por cada día desde que asumieron en el Gobierno nacional, en mayo de 2003.
José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti designaron 12 dependientes por cada día hábil de gestión en estos 14 años.
Ramón Mestre hizo campaña prometiendo achicamiento o congelamiento de la planta municipal y sumó a más de 500 nuevos contratados, que seguirán en sus puestos ganen o no los concursos en la Municipalidad de Córdoba.
Lo interesante en el debate es que los políticos que enarbolan el discurso más cuestionador de las dimensiones del Estado replican esa conducta.
Por caso, Mauricio Macri, líder del PRO, creó una sede para la Jefatura del Gobierno porteño en la ciudad de Córdoba, con las correspondientes designaciones de personal, los cuales pasan largo rato en los cafés de la zona de Nueva Córdoba despotricando contra el Estado elefantiásico.
Chapita
Y cuando los nombramientos no alcanzan, se reparten otros beneficios. Por estos días, ha regresado al debate público en la ciudad de Córdoba el escasamente transparente mecanismo por el cual fluyen las licencias de taxis y remises.
El presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Tejerina, además de la curiosa descripción de los vínculos de pareja, ha puesto en evidencia que los repartos de favores no sólo son hacia el seno de la dirigencia política, sino que otros actores sociales, que enarbolan discursos cuestionadores, son capaces de cualquier pirueta por una simple chapa de taxi.
El reparto de estas licencias ha sido un modo de pagar favores y conseguir aliados desde el regreso de la democracia. En los próximos días, la gestión Mestre enviará al Concejo Deliberante un proyecto para modificar el oscuro mecanismo con el que se maneja el otorgamiento de las chapas. Será anunciado como manera de darle transparencia al sistema y para beneficiar a los choferes de los vehículos de alquiler.
