El Gobierno provincial busca evitar que la vicegobernadora Myrian Prunotto o el presidente provisorio de la Legislatura, Facundo Torres –dependiendo de quien esté al frente del pleno en el momento de la votación– queden obligados a desempatar para que Martín Llaryora logre la aprobación de su primera postulante para integrar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Así de ajustado se presenta el veredicto final para la nominación de Jessica Valentini, que el pleno de la Legislatura tratará el próximo viernes 27 de diciembre, en la última sesión del año. El gobernador cumplirá su objetivo si, aun cuando estén presentes los 70 legisladores, el oficialismo consigue 36 votos.
La situación varió más de lo esperado en sólo un par de días. Cuando postuló a la actual funcionaria municipal y exmilitante de la UCR, Llaryora creyó poco probable el escenario de rechazo total que adelantó esta semana el bloque de 18 legisladores de la UCR.
“Los radicales demostraron que no se puede acordar nada con ellos. No tienen autonomía. Juez los volvió a manipular. Los argumentos para el rechazo son netamente políticos”, braman desde lo más alto del oficialismo sobre la orden que Rodrigo de Loredo y Marcos Ferrer bajaron a sus legisladores.
El juecismo fue la primera bancada de peso que rechazó al instante la propuesta de Llaryora.
El senador, incluso, fue más allá: habló de un acuerdo en marcha entre sus socios radicales y el Gobierno por otras vacantes abiertas en el Poder Judicial.
Piso mínimo
Con un requerimiento constitucional laxo –como casi todo lo que pasa por la Legislatura desde que se terminó la bicameralidad–, al oficialismo le alcanza con reunir 35 voluntades propias para que se active el desempate, que si bien quiere evitar, no tendrá prurito en usar para cantar victoria. El poroteo de Hacemos Unidos tiene un punto de partida en los 33 votos propios, más el seguro acompañamiento de Karina Bruno.
Y hay otras tres bancas del PRO, una del libertario Agustín Spaccesi y otra de la radical escindida Graciela Bisotto con las cuales explorar una colaboración. Además, las ausencias y las abstenciones también juegan a favor de Llaryora. Por eso, en el oficialismo no hay preocupación sino ocupación y dedicación para mantener el tema bajo control.
Valentini se encamina a convertirse en la vocal del TSJ con el aval político más acotado de todo el alto cuerpo judicial.
Quedará lejísimo, por ejemplo, del amplio apoyo que logró José Manuel de la Sota cuando postuló a Sebastián López Peña. 68 de 70 votaron a su favor en diciembre de 2014. Sólo Aurelio García Elorrio y la izquierda se opusieron. Más acá en el tiempo, en septiembre de 2019, Luis Angulo, nominado por Juan Schiaretti, logró 57 avales. Ese pliego marcó algo que ahora ilusiona al oficialismo: hubo dos abstenciones y 10 ausencias. El único voto en contra fue, otra vez, de Encuentro Vecinal.
Paisaje judicial
Nido de víboras. Esa es la figura que integrantes del TSJ utilizan para graficar las fuertes disputas que existen entre algunos –no todos– de sus actuales seis miembros. Las pujas incluyen a las autoridades del Ministerio Público Fiscal, con afinidades bien definidas entre bandos.
En los últimos meses, el máximo tribunal judicial cordobés ha vivido episodios que generan fuerte inquietud en el poder político. “Nunca antes visto”, aseguran conocedores de los pasillos del Poder Judicial.
En ese sentido, aún resuena el inusual planteo que realizó el exlegislador García Elorrio. Hace tres meses, presentó dos escritos, uno en el TSJ y otro similar en el Tribunal de Ética Judicial, para que le informen si existen sumarios que investiguen la existencia de supuestas irregularidades en la tramitación de la causa por la primera contratación de los gasoductos troncales. Más precisamente, cuando en 2022 el TSJ le denegó la posibilidad de ser querellante en esa causa a la ONG Asoma, de la que Elorrio es parte. El TSJ y el Tribunal de Ética contestaron rápidamente que no hay sumarios abiertos.
Elorrio dijo en su presentación que había llegado a su conocimiento un supuesto pedido de coima al propio exgobernador Schiaretti por parte de altos funcionarios del Poder Judicial para que la asociación civil Asoma no fuese habilitada como querellante. La presentación aún hoy retumba en la cima del poder cordobés.
Al tanto de este presente judicial del que se siente ajeno, el gobernador Llaryora le ha dicho a interlocutores con los que habló en los últimos días que en la elección de Valentini valoró un aspecto que considera central: su postulante no pertenece ni tiene que ver con este paisaje judicial inquietante.
“Martín siente que nada tiene que ver con el pasado judicial de Córdoba. Buscó a una persona que no forma parte del sistema”, aseguran en su mesa chica. Ese mensaje parece implícito en la nominación de Valentini.
