El kirchnerismo busca 43 cargos en el fuero federal cordobés

Buenos Aires. El nuevo Código Procesal Penal que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Senado implica la creación de más de 1.700 cargos en el ámbito de la Justicia federal que son imprescindibles para la puesta en marcha del nuevo sistema acusatorio en el cual los fiscales llevarán adelante la investigación, tal como sucede en la Justicia provincial de Córdoba desde 1991. El proyecto, que la semana que viene comenzará a ser debatido en el Senado, plantea en sus fundamentos que "es preciso dotar al Ministerio Público de herramientas que en lo inmediato adecuen su capacidad de trabajo a los nuevos compromisos, más allá de las inexorables acciones de implementación que demandará la instauración del nuevo régimen procesal". Para ello, la norma prevé iniciar un programa de capacitación de empleados y funcionarios del Ministerio Público y crear 1.713 nuevos cargos. Dentro de este universo, los más importantes son 17 fiscalías generales y 20 defensorías oficiales. En el caso de Córdoba, los nuevos puestos por crearse son una Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones, que llevará el número 2 (pasando a ser la número 1 la que funciona en la actualidad). Esto implica que el Ejecutivo seleccione un postulante y mande su pliego al Senado para que le preste aval. Este nuevo fiscal tendrá un equipo de nueve personas, entre ellas un secretario, un prosecretario letrado, un escribiente y un prosecretario administrativo relator. Además, esta ley complementaria prevé la creación de una Defensoría Pública Oficial ante la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, lo que también implicará que la Presidenta mande un pliego al Senado. Este defensor tendrá un equipo de trabajo de cuatro personas. La iniciativa del Gobierno prevé –también en la norma secundaria– la creación de cargos para reforzar las Fiscalías Federales de Primera Instancia, que en Córdoba son siete: tres en la Ciudad de Córdoba, una en Río Cuarto, una en Bell Ville, una en San Francisco y una en Villa María. Para cada una de estas fiscalías se crean cuatro cargos: un secretario letrado, un escribiente, un prosecretario administrativo relator y un jefe de despacho con funciones de secretario privado. En total son 43 los nuevos cargos que deberán crearse para poder aplicar el nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Córdoba. Dos de ellos, el del fiscal general número 2 y el de defensor oficial, deberán tener el aval del Senado porque tienen rango de magistrados. Trasfondo político La reforma del Código Procesal fue bien recibida por la mayoría de la oposición y por el ámbito jurídico. Pero, hay lecturas enfrentadas entre los dirigentes opositores sobre lo que algunos entienden es "un caballo de Troya" introducido dentro de la propuesta oficialista: el nombramiento de 17 fiscales generales y de 20 defensores, que el kirchnerismo podría hacer una vez que se sancione la norma y antes de dejar el poder. Para el senador Luis Juez (FAP), "hay que ser cuidadosos y no mezclar la cuestión de fondo, que es el necesario cambio hacia un sistema acusatorio más ágil, con la coyuntura, que es la posibilidad de que el Gobierno nombre fiscales y defensores en su último año". El diputado radical Oscar Aguad (miembro del Consejo de la Magistratura) sostuvo que el oficialismo "quiere nombrar los fiscales que deberán investigar a los propios funcionarios, antes de dejar el poder" pero consideró a esta maniobra "una torpeza política". Dijo que la Constitución de 1994 no le dio estabilidad en el cargo a los fiscales, como tienen los jueces. "La estabilidad la dio el menemismo con una ley posterior a la reforma constitucional y puede ser cambiada con otra ley en el próximo gobierno", afirmó.

Presos. El titular de la UCR y precandidato presidencial, Ernesto Sanz, advirtió que "si sos ladrón pero naciste en Argentina vas preso, pero si sos extranjero te volvés a tu país", en alusión a la reforma del Código Procesal Penal. Dijo que "es imposible estar de acuerdo con esa idea del Gobierno", y reclamó "que todos los delincuentes vayan presos, nazcan donde nazcan".

Visión oficial. El senador Aníbal Fernández afirmó que con el nuevo Código Procesal Penal, cuando un extranjero comete un delito "lo primero que hay que hacer es detenerlo y someterlo a la Justicia con el derecho a defensa y el debido proceso" y que "una vez sancionado" y tras cumplir condena, será posible expulsarlo del país.