El kirchnerismo aprobó la restricción a las cautelares

Buenos Aires. El kirchnerismo no tuvo inconvenientes en aprobar ayer en el Senado, por 39 votos a 29, el proyecto de ley que regula las medidas cautelares en contra del Estado nacional. La iniciativa fue fuertemente criticada por la oposición y algunos organismos de derechos humanos ya que coloca varios obstáculos para que un particular pueda solicitar una medida preventiva en un litigio contra el Estado.

El oficialismo defendió el proyecto por la necesidad de “defender el interés público” frente al accionar de las “corporaciones económicas”.

La ley establece un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis, para la vigencia de las cautelares, y precisa que no podrán dictarse las mismas sin correr vista al Estado nacional y que este dé su respuesta. Además, el Estado podría apelar y dejar sin efecto las cautelares cuando éstas hayan sido presentadas contra la aplicación de una ley. Quien solicite la medida preventiva deberá, además, demostrar claramente que un derecho suyo corre riesgo –no bastará con demostrar la verosimilitud del derecho– y que el dictado de la cautelar no estará interfiriendo en el interés público.

Debate caliente. El debate fue caliente y terminó pocos minutos después de que se iniciaran por las calles de Buenos Aires las manifestaciones en defensa de la "Justicia independiente".

El presidente del bloque K, Miguel Pichetto, definió la norma como “razonable, equilibrada y prudente”, y aseguró que “el interés de los sectores más vulnerables y de los individuos ha quedado preservado por el texto”.

Pichetto leyó las dos modificaciones que aceptó hacer el oficialismo a la ley que fueron producto de las quejas de organismos filo kirchneristas como el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels).

Sin embargo, la oposición no quedó conforme y votó en contra. El senador radical Ernesto Sanz dijo que el proyecto tenía una mala confección jurídica y que seguramente será declarado inconstitucional. Su compañero de banca, Luis Naidenoff, se ocupó de marcar los visos de inconstitucionalidad de la ley y le pidió al oficialismo que saque de la misma una parte del artículo 3 que prohíbe dictar una cautelar cuando el objeto de la misma coincide con el objeto de la medida de fondo solicitada. “Esto impedirá a un jubilado cobrar una actualización de sus haberes mediante una cautelar”, dijo.

Desde el PJ disidente, Sonia Escudero remarcó que “esta regulación no es razonable, el ciudadano de a pie no tiene ninguna responsabilidad por la pelea entre el Grupo Clarín y el Gobierno. Se está usando un misil para destruir un panal de abejas: muchos argentinos no tienen espaldas para aguantar procesos judiciales más largos y costosos”.

Por el FAP, Luis Juez, señaló que “se maltrata a millones de argentinos sólo por un puñado de miserables que lucran con las cautelares”.

Las dos modificaciones que sugirió el Cels

Concepto. El oficialismo destacó las dos modificaciones que habían sido sugeridas por el Centro de Estudios Sociales y Legales que preside el periodista Horacio Verbitsky y que se incluyeron en la ley. La incorporación del concepto de "vida digna" dentro de las excepciones (cuando sí debe dictarse una cautelar), una fórmula que encontró el Gobierno para englobar derechos más amplios que los que estaban contemplados en el texto original, que eran los relacionados con la vida, la salud, alimentación y el medio ambiente.

Sin "fantasma". Se cambió también un término para echar el fantasma de que la norma pudiera ser usada por el propio Estado para solicitar una cautelar y suspender una huelga.

Carta Abierta

Los intelectuales nucleados en la agrupación kirchnerista Carta Abierta cuestionaron, a su manera, el escaso debate que se les dio a las leyes de “democratización”.

Desde un panel en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, el filósofo Ricardo Forster, que lidera Carta Abierta, habló de la necesidad de “generar un debate abierto, plural, capaz de recibir y acoger las distintas voces y los distintos actores de la vida argentina”.