El Gobierno nacional responsabilizó a los fondos buitres por las medidas de EE.UU.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, responsabilizó a los fondos buitre en la acción tomada por Estados Unidos de dar de baja al país dentro de los beneficios contemplados en Sistema General de Preferencias Arancelarias (SPG) norteamericano.

"Son medidas para arancelarias en función del sistema financiero; es una chicana del sistema financiero", consideró el ministro.

Yauhar, en un contacto mantenido con la prensa en el Palacio San Martín, en el marco de un encuentro regional de la FAO, aprovechó la ocasión para recordar que "hace diez años que no podemos ingresar un sólo kilo de carne a Estados Unidos" pese al acuerdo firmado en su momento.

Al igual que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su discurso del pasado lunes, Yauhar indicó que "no pudimos ingresar ni un solo limón", y remitió esta cuestión al "lobby de los productores norteamericanos en el Congreso" para frenar el ingreso de los citrus y la carne argentina.

El pasado lunes, el gobierno consideró "incomprensible" y "unilateral" la decisión de los Estados Unidos de suspender al país del programa de GSP (ver Sanción comercial de Estados Unidos, 27/03/2012).

Excluidos. La exclusión tiene poco impacto en el comercio argentino, ya que reduce en solo 18 millones de dólares anuales las facilidades de acceso al mercado estadounidense.

En el 2011 los exportadores argentinos canalizaron tan solo 571 productos sobre 3.451 de sus poténciales ventas dentro del SGP.

Estados Unidos vinculó esta decisión comercial a las deudas que la Argentina mantiene con firmas estadounidenses, en el marco de los laudos determinados por el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial , que administra diferencias entre países y multinacionales.

La posición argentina es que acepta y reconoce que estos laudos son finales y obligatorios, si bien rechaza la interpretación ex post facto acuñada por EEUU de que los laudos deben ser cumplidos voluntariamente por los estados de conformidad con el artículo 53 del convenio CIADI.

En cambio, el gobierno toma en consideración para el pago al artículo 54, que establece que "los laudos se deben cumplir como si se tratara de una sentencia final de un tribunal local".