El Gobierno dice que los agentes de la ex-Side “espiaban por su cuenta”

Buenos Aires. El oficialismo sacó del freezer a la Comisión Bicameral que debe controlar los organismos y las actividades de inteligencia para enfrentar la crisis política e institucional que produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ayer, la comisión se reunió en el anexo de la Cámara de Senadores y recibió al secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, y a su segundo, Juan Martín Mena, quienes asistieron por segunda vez en 48 horas a defender la ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El encuentro, del que participaron ocho legisladores oficialistas y seis opositores, fue a puertas cerradas y tuvo carácter reservado, como lo indica la ley 25.520 de 2001 que ahora la Casa Rosada pretende modificar con la iniciativa que está en discusión en el Senado. Tras el cónclave, que no duró más de dos horas, Parrilli aprovechó a la prensa para anunciar que por orden de Cristina Fernández se relevaba al exespía Antonio "Jaime" Stiuso del secreto. Puertas adentro, el kirchnerismo mantuvo un fuerte contrapunto con la oposición, ya que los legisladores no alineados con la Casa Rosada le enrostraron a Parrilli que durante 12 años el kirchnerismo utilizó a la ex-Side, que ahora quiere reformar, para espiar y presionar a dirigentes políticos. "Es esto lo que tienen que solucionar y para eso no necesitan ninguna ley, sólo deben dejar de tener conductas ilegales", le reprocharon radicales, peronistas disidentes y macristas. Según lo que pudo reconstruir este diario, los funcionarios no negaron las acusaciones de la oposición de modo taxativo, e, insólitamente, adujeron que son los agentes de la SI los que "por su cuenta" realizan esas tareas, sin aval de la dirección política del organismo. Tras el pase de facturas, los oficialistas intentaron debatir el proyecto de ley por el cual se "disuelve" la SI y de se crea la AFI. Ahí, la oposición terminó de mostrar fisuras internas al respecto, ya que el senador Roberto Basualdo, del Peronismo Federal y aliado de Sergio Massa en San Juan, anunció que su bancada sí dará el debate en el recinto el jueves próximo. En cambio, radicales y macristas se mantuvieron firmes en asistir, en cambio, a una audiencia pública convocada para exigir el esclarecimiento de la muerte de Nisman. El oficialismo intentó, con Parrilli y la presidenta de la Comisión de Bicameral, María Teresa García, una negociación: prometieron que el dictamen que llegará al pleno del Senado podrá cambiarse en el debate.Pero es poco probable que los reclamos opositores sean atendidos. La UCR le dejó al FPV una nota con cuatro pedidos. El primero –ya descartado por el Gobierno– es que las escuchas telefónicas no queden bajo dominio de la procuradora del Tesoro, Alejandra Gils Carbó, sino en la Corte Suprema. "Son los jueces quienes piden las intercepciones y no puede la Procuración ejecutarlas porque es parte del proceso, es la parte que investiga", explicó el diputado cordobés Oscar Aguad. Además, la UCR reclama cambiar la ley de 2001 para que la oposición obtenga el control de la Bicameral de Seguimiento de Inteligencia y que el Congreso, a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), revise los fondos reservados de la AFI. Por último, la principal bancada opositora se mostró en contra de un polémico artículo que permite al Ejecutivo desclasificar archivos, respetando o no el plazo mínimo de 25 años. "Esto lo debe decidir la Justicia", entienden los radicales. Como consecuencia de la crisis en curso, los integrantes de la Bicameral decidieron reunirse cada dos semanas y dejar atrás la inactividad de los últimos años, cuando el kirchnerismo apenas la convocaba dos veces por año.