El cepo a las provincias

El efecto Chaco recién arranca, pero la velocidad con la que bajó desde el Litoral hasta la capital del país es una prueba contundente de sus consecuencias futuras. Los operadores bursátiles hablaban ayer de un default a medias, ya que si bien esa provincia pagó el servicio de deuda, lo hizo en pesos en lugar de dólares. El gobierno del kirchnerista Jorge Capitanich culpó al cepo cambiario, en una operatoria cargada de dudas y cuando menos desprolija, que sigue atravesada por pedidos de información documentada por parte de la Bolsa porteña. Córdoba está entre los distritos que zafan con cierta elegancia del primer cachetazo. Sus bonos locales –incluso el Boncor I de 2009– fueron providencialmente estructurados en pesos atados a la cotización del dólar. Y las series II y III del Boncor 2017 están bajo parámetros internacionales –fueron colocadas en el exterior–, donde el cepo del Banco Central desaparece. Pero nada asegura que la Provincia salga indemne. Lo primero que los gobernadores encontrarán en el camino para tomar nueva deuda serán vallas más altas: el costo del financiamiento irá en alza. Para todos y todas.Y ese no es un dato menor en los distritos que necesitan recursos frescos para cubrir baches fiscales, sostener por lo menos algunos trabajos de obra pública y reprogramar vencimientos de deuda. Córdoba está justamente en este lote.Ayer se comentaba que Mendoza está preparando una nueva colocación a través del Banco Macro, con un interés de más de 24 por ciento en pesos. Y la tasa Badlar en pesos –un termómetro clásico para deudas de corto plazo– ha vuelto a arañar el 15 por ciento, con una tendencia alcista propia del último trimestre. Esto muestra la volátil cartografía del territorio que los gobernadores seguirán obligados a explorar por razones que mezclan culpas propias con cepos ajenos.La consultora Economía & Regiones calcula que las provincias cerrarán el año con un déficit cercano a 18.500 millones de pesos, que equivale a una expansión interanual del 50 por ciento.La brecha entre ingresos y gastos sigue siendo la clave de lectura, en una relación que empeora a medida que la voracidad del Estado nacional profundiza la subversión de la coparticipación. En 2013, la ley que regula el reparto federal de recursos cumplirá 25 años, pese a que debería haber sido reemplazada en 1996. También aquí hay una especie de cepo: todos los gobernadores tienen que estar de acuerdo. Un lujo del surrealismo político argentino. La vieja norma, que era bastante simple –se había aprobado en forma transitoria por un año–, ahora se ha convertido en una maraña de conexiones laberínticas al mejor estilo borgeano.Las provincias, que debían captar el 56 por ciento de los recursos, pendulan entre 21 y 26 por ciento. Y la Nación, que absorbe la mayoría, mantiene calentito el gasto y se financia puertas adentro sin ponerse colorada. Lejos del estado de gracia oficialista, que bendice a los gobernadores fieles con transferencias discrecionales –este año ha sido la excepción por las urgencias fiscales–, las provincias se asoman a la continuidad inevitable del ajuste. Además de pagar más caro el financiamiento, el proceso promete aumentos impositivos, con espacios reservados para la imaginación fiscal, algo que los cordobeses ya experimentan cada vez que pasan por una estación de servicio.