El 82 por ciento duró menos de un día

Buenos Aires. A menos de 24 horas de su sanción en el Senado gracias al voto definitorio del vicepresidente Julio Cobos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la norma que estableció el 82 por ciento móvil para las jubilaciones por considerar que es una "ley de quiebra del Estado". "He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento", se encargó ella misma de anunciar anoche, durante un acto en la Casa Rosada. El veto, una facultad constitucional del titular del Ejecutivo, fue elaborado ayer en la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia después de haber recibido el texto aprobado en el Senado. Será publicado hoy en el Boletín Oficial .La propia Presidenta se ocupó de anticipar sus fundamentos conceptuales, anoche en el acto y por la mañana en otro realizado en la ciudad bonaerense de Moreno. "No puedo permitir que el Estado quiebre porque tengo una ley que me obliga. Cuando se sanciona una norma que aumenta los egresos tiene que decir de dónde viene el financiamiento". Y abundó: "Está claro que lo que se intenta es desfinanciar y quebrar el Estado para que no cobren jubilados y docentes".También puso en duda la intención explícita de la oposición de mejorar los ingresos de los jubilados con la aprobación de la ley. "Hay otras cosa atrás", dijo, antes de hacer referencia a que la norma "le quiere hacer vender" al Estado el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Previsional, constituido por los recursos que estaban en las administradoras privadas cuando su estatización, en 2008, y que hoy maneja la Anses. "Hay intereses atrás de esto, máscaras de otros que no están sentados ahí en el Congreso", insistió. Según la Presidenta, la ley obligaría a la Anses a vender esos fondos, que hoy financian obras públicas y empresas privadas, para hacer frente al pago del 82 por ciento móvil para las jubilaciones y las actualizaciones de las restantes, por un total que el Gobierno estima en unos 40 mil millones de pesos. De ese modo, también, las empresas podrían recomprar a valores depreciados acciones que pasaron al Estado cuando la estatización de las AFJP."¡Basta de estafar al Estado!", clamó la Presidenta. "Yo no soy tonta", advirtió. Después le recordó a los sectores de oposición que aprobaron el 82 por ciento haber llevado al país al default de 2001 luego de haber recortado como medida de ajuste 13 por ciento de las jubilaciones, en la administración de Fernando De la Rúa.El recordatorio lo contrastó con las medidas para los jubilados que adoptó su gobierno y el de su marido y antecesor Néstor Kirchner: desde la Ley de Movilidad Jubilatoria con dos aumentos anuales que supuso un incremento de casi 50 por ciento en un año y medio, hasta la incorporación al sistema de 2.5 millones de jubilados que no habían aportado, lo que llevó la cobertura de 50 a 95 por ciento.El veto había sido anticipado a poco de producida la votación en el Senado por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Antes del anuncio presidencial, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, también respaldó la decisión, en un gesto que Cristina Fernández le agradeció en varias ocasiones durante el acto en la Rosada."Como gobernador, doy mi respaldo a la Presidenta en el veto, porque no podemos desfinanciar al Estado nacional, ni volver a caer en situaciones que sabemos todas las consecuencias dramáticas en lo económico y en lo social que provocaron en nuestro país", dijo Scioli.De acuerdo con el ministro de Economía, Amado Boudou, la aplicación de la ley habría implicado un gasto adicional anual de 40.080 millones de pesos. Sucede así porque no sólo establecía el 82 por ciento móvil del salario mínimo sino también ajustes en los demás niveles de ingresos.Por el 82 por ciento móvil que habría llevado la jubilación mínima de 4,1 millones de personas a 1.427 pesos, el Estado habría tenido que desembolsar entre 20 y 23 mil millones de pesos. Mientras que para cumplir con las actualizaciones (recálculo del haber mínimo, más generalización de las sentencias de la Corte por los casos Sánchez y Badaro), entre 20 mil y 40 mil millones de pesos más.