Dudas y certezas para dos casos emblemáticos

La intención de los organismos de derechos humanos de apurar los juicios contra represores de la dictadura suele encontrar obstáculos por las recurrentes desavenencias dentro de la Justicia Federal;  pero, también, por las desinteligencias que son evidentes entre los propios querellantes que asisten a las víctimas del terrorismo de Estado.La abogada María Elba Martínez, fervorosa militante de vieja data en el Serpaj (Servicio de Paz y Justicia), fue una ferviente impulsora de la acumulación de las causas en trámite para comprimir y dar celeridad a los juicios contra decenas de represores.Ahora, la letrada se pronunció por sustanciar en forma independiente los juicios por los 29 crímenes en la UP1 y por los secuestros y torturas a ex policías que no se aliaron con los represores de entonces. Además, Martínez avala la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de separar a Luciano Benjamín Menéndez –demorado en otro juicio en Tucumán– de la causa en donde ella patrocina al ex policía Luis Alberto Urquiza.No se trata de cargar todas las culpas sobre la letrada, pero un juez se preguntaba: "¿María Elba Martínez estuvo 30 años persiguiendo a Menéndez y ahora que lo puede tener en el banquillo en un juicio en donde ella es querellante permite que lo dejen de lado? Me parece que esto es un dislate".Cada uno esgrime sus razones y diferencias, como las que enfrentan en una sorda disputa a jueces de los dos tribunales federales orales de la ciudad de Córdoba. Jaime Díaz Gavier (del N° 1) y José María Pérez Villalobo (del N° 2), son los fogoneros en la puja por la acumulación, o no, de los dos expedientes. Ambos niegan en público que estén enfrentados por una cuestión de "cartel".En medio de esto, hay militares y ex miembros de la pesada policial de Córdoba que tendrán que sentarse en algún momento en los banquillos para ser juzgados por los crímenes, torturas y secuestros de civiles y uniformados en el marco de lo que era el D-2 y en la Cárcel Penitenciaria de barrio San Martín.Muchos de esos policías, como Carlos Yanicelli, siguieron cumpliendo funciones en la fuerza cuando Eduardo Angeloz asumió la gobernación, en 1983. Inclusive, ocuparon cargos estratégicos en la cúpula policial cordobesa durante la gestión de Ramón Mestre.¿Será que el juicio por la causa Gontero, en donde las víctimas son ex policías torturados por sus propios camaradas, encierra derivaciones políticas que ameritan para algunos ventilarlo de manera independiente?"Mire, a Menéndez ya lo condenaron a perpetua tres veces, que quede afuera de un juicio no es tan relevante si lo que se investiga son los crímenes que cometieron estos policías que siguieron operando en democracia", evaluó un  magistrado federal. Al margen de estas actuaciones, el comentario recreó en la memoria el crimen del ex senador Regino Maders, perpetrado en setiembre de 1991. En aquel proceso – que tuvo en la mira a varios pesados de la Policía– María Elba Martínez patrocinó a la familia del dirigente radical ultimado. El caso Gontero, si va solo a debate, promete ventilar aquellas andanzas de la mafia policial que siguió en democracia.