Déjà vu de polémica no saldada

Una de las características del Estado moderno es que la legitimidad debe estar basada en la legalidad, y viceversa, lo que genera una identificación entre ambos ­conceptos. Ese principio del Derecho Político puede aplicarse a propósito del déjà vu de la ­polémica generada por el proyecto de ley presentado por tres legisladores de peso del ofi­cialismo en la Legislatura, para poner límite a las huelgas que afecten la prestación de servicios esenciales.

Los autores de la propuesta defienden la legitimidad del planteo, en la medida que apunta a garantizar que la población, y en particular los sectores más vulnerables, no se queden de a pie por un sorpresivo paro de transporte o sin atención hospitalaria por una huelga en la salud ­pública, para citar dos casos que se reiteran. Y afirman que es legal porque regula servicios públicos provinciales.Quienes cuestionan el proyecto, en cambio, sostienen que toda la legislación vinculada con el derecho de huelga es de competencia del Congreso, sea cual fuere la legitimidad invocada.No obstante, siempre existen las dos bibliotecas. Un integrante de la Justicia opinó que la Provincia sí podría legislar ya que se trata de servicios que están bajo su cargo y el proyecto no alude al derecho de huelga en general. El gobernador José Manuel de la Sota amagó en diciembre pasado con enviar un proyecto del mismo tenor a la Unicameral, pero en su entorno le aconsejaron desistir de esa iniciativa hasta no cerrar la paritaria con el sector público.La prestación de guardias mínimas en caso de paros que afecten los servicios esenciales ya está contemplada en la ley nacional 25.877. En el artículo 24 de esa norma reformada en 2004, se fija el procedimiento para evitar la interrupción de servicios básicos en caso de huelga. Esa ley, que regula el régimen laboral, considera como esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero también abre la alternativa de incluir otras prestaciones cuando se produzcan medidas de fuerza prolongadas.Laboralistas señalan que la Provincia misma podría aplicar esa legislación con tan sólo firmar un convenio con la Nación en el marco del Consejo Federal del Trabajo, a través del cual se le delega esa facultad. "Es una preocupación elogiable, pero una ley provincial que reglamente el paro se caería con un amparo judicial en la primera huelga que se aplique", consideró el exministro de Trabajo Jorge Sappia.Algunos se preguntan si la decisión del oficialismo –que es vista con buenos ojos por el gobernador– apunta a anticiparse a la presidenta Cristina Fernández, quien al hablar el 1° de marzo ante el Congreso anunció un proyecto para limitar las protestas sociales.Además del fuerte rechazo de las dos CGT de Córdoba, la iniciativa divide aguas dentro del propio bloque oficialista. Seis legisladores ya anticiparon que votarán en contra de la iniciativa. La polémica que se abrió en diciembre se repite y podría tener más capítulos.