De Vido prometió brindar Internet Wi-Fi gratis en todo el país
Cablevisión planteará un recurso de amparo ante la Justicia. Lo mismo hicieron usuarios en varias ciudades, incluida Córdoba.
Mientras usuarios de Fibertel se autoconvocaron anoche en la Plaza de Mayo para reclamar por la decisión del Gobierno nacional de hacer caducar la licencia operada por Cablevisión para brindar servicios de Internet a través de la marca Fibertel, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, ratificó ayer el plazo de 90 días dispuesto el jueves pasado para que la empresa deje de brindar el servicio y sus usuarios “migren” hacia otras firmas de telecomunicaciones, básicamente Telecom y Telefónica.
Aparentemente, el Gobierno no previó la reacción del millón de abonados a Fibertel. Recién ayer De Vido salió a prometer que el trámite para pasarse de compañía será “absolutamente gratuito”.
Horas después, la Secretaría de Comunicaciones dictó una resolución por la que los operadores que brinden los servicios en lugar de Fibertel no podrán cobrar ningún arancel adicional por la conexión y deberán facturar por el servicio los mismos valores que los usuarios venían pagando. Cabe preguntarse, en un contexto inflacionario, qué pasará cuando el proveedor sustituto aumente sus precios. ¿Deberá adivinar qué habría hecho en su lugar Fibertel?
Más importante aun, De Vido aseguró que en 120 días el Estado ampliará el servicio de Internet Wi-Fi gratis “en todo el territorio nacional”. Especialistas consultados por este diario indicaron que eso es “inviable” en ese plazo y teniendo en cuenta la infraestructura actual (ver “Una señal...”).
“Tengo instrucciones de la Presidenta (Cristina Fernández) para trabajar en los próximos 120 días en la ampliación del servicio de Internet gratis con Wi-Fi en todo el territorio nacional”, aseguró De Vido, quien reiteró los argumentos oficiales sobre la supuesta ilegalidad en que habría incurrido Cablevisión al operar una licencia originalmente a nombre de Fibertel, una firma absorbida por la primera (ver “Los puntos centrales...”).
De todos modos aseveró que “los clientes no tienen que tener preocupación por la continuidad del servicio ya que existen unas 389 empresas proveedoras de Internet en el mercado local”. “Se trata de empresas privadas, Pymes y cooperativas que prestan servicio de excelencia”, enfatizó.
También instó a los clientes de Fibertel a hacerle jucio a la empresa "porque lo van a ganar, ya que es un servicio ilegal".Hasta ayer, las únicas demandas que se presentaron fueron recursos de amparo en reclamo de que no se corte el servicio actual.
Dirigentes del arco opositor anticiparon que buscarán interpelar a De Vido. Eduardo Duhalde, ex presidente y titular del Movimiento Productivo Argentino, caracterizó a los hechos como “una nueva escalada gubernamental contra la seguridad jurídica”, mientras que Elisa Carrió fue más drástica. Asociando los embates contra Fibertel y Papel Prensa, afirmó: “Esto inicia una fase dictatorial muy clara, porque uno de los pilares de la República es la libertad de expresión”, argumentó.
Amparo de Cablevisión. En tanto, Cablevisión informó que presentará hoy ante la Justicia un recurso de amparo contra la decisión de la Secretaría de Comunicaciones. Su gerente general, Carlos Moltini adelantó que para la empresa "hay dos caminos: primero, efectuar una medida cautelar o un amparo y luego una medida de fondo. Son dos cosas que hay que encaminar", señaló.
Moltini descartó de plano la caracterización de De Vido de Cablevisión como una empresa que presta el servicio de Internet en forma ilegal. “Cablevisión y Fibertel se fusionaron en 2003”, sostuvo. “Y la actividad es legal. Tanto es así que el Estado recibía el pago de sus impuestos y gravámenes sin ningún problema”.
Asimismo, ingresaron a la Justicia múltiples planteos de abonados a Fibertel, entre ellos una “acción de clase”. Esto implica que usuarios podrán adherir su reclamo a esa causa madre. En la misma se esgrimió que se violaron los derechos de los clientes a elegir libremente su prestador de Internet, así como la libertad de expresión, ya que el acceso a la web fue equiparado, por la ley 26.032, a esa garantía constitucional.

