De las propuestas a la realidad municipal

Doble turno para los municipales. Reducir horas extras, bonificaciones y prolongaciones de jornada. Controlar el trabajo de los empleados. Dividir, privatizar o hacer eficientes las empresas municipales Tamse y Crese. Cumplir el tope salarial del 50 por ciento, lo que en la práctica supone reducir sueldos o subir impuestos. Unificar (o no hacerlo) los servicios de taxis y remises. Descentralizar los servicios operativos del municipio. Establecer condiciones mínimas de productividad y hasta tomar asistencia fehaciente a los lugares de trabajo. Todas esas medidas figuran –varias de manera coincidente– entre las propuestas de los principales candidatos a la Municipalidad de Córdoba. Muchas ya figuraron en las plataformas de las distintas fuerzas en las últimas tres administraciones municipales. Todas chocaron, y nada indica que esta vez vaya a ser diferente, con posiciones gremiales irreductibles y una total indefensión de la institucionalidad municipal frente a los poderes reales que manejan casi todo en el Palacio 6 de Julio, y ahora también en las empresas municipales. Nada logró, en los últimos 12 años, frenar ese poder sindical que hoy es más grande que nunca y que no se limita ya al gremio de los agentes municipales (Suoem) sino que se amplía a otros dos gremios que también tienen plena capacidad para enloquecer a los cordobeses y doblegar a los intendentes: la UTA, que define mucho de lo que ocurre en Tamse, y el Surrbac, un poder omnipresente en la empresa Crese. De la mano de Camioneros, ese gremio –que además logró colar a representantes de sus filas como candidatos a concejales de Fuerza de la Gente– intenta colonizar ahora a los diferentes sectores de remiseros y, más temprano que tarde, promete reinstalar un conflicto que parecía superado: taxis versus remises.Los tres gremios se disputan el podio de los empleados mejor remunerados, indefectiblemente consiguen lo que se proponen y nunca dudan: a la menor resistencia de la autoridad política, van contra los ciudadanos que los solventan con sus impuestos. Si el poder del Suoem desbordó en los años de Luis Juez, en la gestión Giacomino lo hicieron también el de UTA –hoy dominada por los delegados de Tamse– y el del Surrbac, que controló a Crese desde su acto fundacional, cuando Camioneros financió la constitución de la empresa a una tasa de interés usuraria. Frente a esa realidad, el poder de un intendente se reduce de manera dramática y se limita a administrar las sobras. La ciudad entera es una prueba de que en esa puja de poderes gremiales, los que pierden son los ciudadanos. Esto es una obviedad en Córdoba. Lo es para casi todos, menos para los candidatos a intendente, que de manera coincidente minimizan el poder gremial y consideran que, de ser los más votados, tendrán autoridad suficiente para llevar a cabo lo que dicen. Todas las medidas mencionadas en el primer párrafo de esta nota serán resistidas. Quien quiera aplicarlas, deberá estar preparado para el conflicto y hasta el momento los postulantes no han dicho siquiera cómo enfrentarán una asamblea, palabra que puertas adentro del municipio puede significar desde un amanecer sin transporte hasta varios días sin inspectores. Y también puede representar el recambio completo de los vidrios.