Daños colaterales

El lunes 30 de julio de 2012, el Gobierno de Córdoba realizó una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) por la deuda que este organismo mantiene con la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Fue el quiebre definitivo de la relación política e institucional entre ambas administraciones. Dos días después, el gobernador José Manuel de la Sota reunió a su gabinete y resaltó algunas cuestiones, en un escenario de conflicto con los K: pidió austeridad a sus ministros y que se olvidaran de los programas financiados con fondos federales, porque no llegaría un peso desde la Casa Rosada. La última fue una advertencia del mandatario provincial, que no será admitida en público por ninguna fuente oficial, pero existió: "Sean extremadamente cuidadosos en cuestiones de gestión y también personales, porque estaremos en la mira de los kirchneristas".En abril de este año, hubo una nueva recomendación en el mismo sentido, cuando el gobernador encabezó una reunión reservada con sus ministros en un hotel de la localidad de San Miguel, antes del inicio de la campaña electoral para las primarias. Esas recomendaciones parecen no haber tenido el efecto preventivo buscado. El 17 de mayo pasado, el entonces ministro de Transporte, Dante Heredia, debió renunciar en medio de un manto de sospechas de cobro de coimas por parte de uno de sus funcionarios de mayor confianza.Por estas horas, el ministro de Agricultura, Néstor Scalerandi, está envuelto en una polémica por la presunta conexión clandestina de energía eléctrica en una vivienda de su propiedad en la localidad de Anisacate.El funcionario fue imputado ayer de defraudación agravada, mientras denuncia una operación del kirchnerismo, sin demasiadas pruebas para hacerlas creíbles. Más allá de que el intendente de Anisacate, Ramón Salazar, no oculta su adhesión a los K y, sin dudas, trata de sacar un rédito político de esta cuestión, la discusión es si existió o no el ilícito que está investigando el fiscal de Alta Gracia Emilio Drazile.El caso de Scalerandi es un tema personal, pero los daños colaterales afectan al delasotismo en un mal momento: cuando arranca la campaña para las elecciones legislativas del 27 de octubre.