Claroscuros en el balance de la nueva evocación

Desde que los argentinos recuperamos la democracia, cada 24 de marzo es un día de evocación y reflexión sobre la sangrienta dictadura que azotó al país y que fue instaurada aquel día de 1976, cuando los militares, con el apoyo de grupos civiles, entraron a punta de fusil a la Casa Rosada para desalojar del poder al gobierno de María Estela Martínez de Perón. También, como en cada aniversario del inicio de esa tragedia, es oportuno hacer una evaluación del rol que ha tenido la Justicia en estos tiempos, para juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad, como fueron tipificados aquellos atropellos que dejaron como saldo miles de muertos y desaparecidos. Pero, por otra parte, es prudente reflexionar sobre algunas cuestiones que han venido a empañar el recuerdo de las víctimas y el dolor de muchos familiares que perdieron a sus seres queridos. En los Tribunales, se ha sentado en el banquillo y condenado, al cabo de juicios justos y con los debidos derechos a defensa, a los máximos responsables de ordenar y ejecutar aberrantes violaciones a los derechos humanos. Uno de esos jerarcas que operó con el grado de general y con mano dura en varias provincias, entre ellas Córdoba, es Luciano Benjamín Menéndez, quien suma ya seis condenas a prisión perpetua, acusado de secuestros, violaciones, aplicación de tormentos y asesinatos. La Justicia Federal de Córdoba fue noticia nacional cuando en un mismo proceso oral y público aplicó la máxima pena a Menéndez y al ex dictador Jorge Rafael Videla, además de a otros matones de poca monta, como el ex policía Carlos Yanicelli. El lunes, se conocerá el fallo de otro juicio en el que están procesados ex miembros del Comando Radioeléctrico, por los fusilamientos de tres militantes de la Juventud Peronista. Aunque tarde, como dicen quienes desde hace años reclaman "juicio y castigo", se ha avanzado en materia de resolver judicialmente los crímenes del terrorismo de Estado. Sin embargo, quedan bajo la lupa, en esta enumeración de hechos y balances a propósito de la evocación, algunos altos exponentes de organismos de derechos humanos. El escándalo que involucró a la Fundación Madres de Plaza de Mayo no sólo dejó a Sergio Schoklender fuera de pista y a la titular de la organización, Hebe de Bonafini, con la imagen devaluada: también desnudó el desmedido uso político (y los presuntos negocios) que se hace desde el Gobierno nacional con los derechos humanos. La lucha por la verdad y la justicia ha quedado empañada, en muchos casos, por las pujas de poder y el reparto de fondos estatales a esos organismos. Hasta el proyecto de la Legislatura para aprobar un subsidio honorífico a ex presos políticos de los años de plomo ha desatado una polémica que promete un debate crispado para la sesión de hoy.Un ex detenido que sobrevivió al infierno de La Perla y que cultiva el bajo perfil supo definir: "Los verdaderos protagonistas en esto de rendir homenajes son las víctimas; los que murieron y los que vivimos para contarla".