Castigo a gobernadores petroleros “rebeldes”
La Casa Rosada penalizó a Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro por oponerse a la ley que impulsan Cristina y Galuccio para atraer inversiones. A estos distritos los privó del plan de desendeudamiento.
Buenos Aires. Los gobernadores de provincias hidrocarburíferas que se oponen al proyecto de ley que impulsa la Casa Rosada para atraer inversiones petroleras tuvieron que ver por televisión el acto de ayer en el cual la Nación suscribió con 13 provincias una nueva prórroga del Programa Federal de Desendeudamiento. El mendocino Francisco Pérez, el neuquino Jorge Sapag, el chubutense Martín Buzzi y el rionegrino Alberto Weretilneck no fueron invitados a la firma del convenio entre el Ejecutivo nacional y las provincias debido a sus críticas al proyecto redactado por el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y bancado por la presidenta Cristina Kirchner. Sí participaron del acto en Balcarce 50 otros mandatarios de provincias petroleras que no objetaron la iniciativa oficial, como Daniel Peralta, de Santa Cruz, o Juan Manuel Urtubey, de Salta.
En total, 13 provincias accedieron a una nueva prórroga de la reestructuración de las deudas de los estados subnacionales con el Tesoro, entre ellos Buenos Aires, San Juan, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán. “Esto es una extorsión”, dijo airadamente un ministro del gobernador Pérez a este diario el miércoles cuando el Ejecutivo mendocino se enteró del desplante de la Nación.
Ayer, los mandatarios petroleros que fueron puestos en penitencia por la Casa Rosada no consiguieron que el Gobierno nacional les dijera cuándo podrán firmar la continuidad del plan de desendeudamiento.
La Nación pasó a esta “lista negra”, en la que ya estaba Córdoba, a las provincias petroleras rebeldes, que se oponen a la ley de Galuccio porque implica un recorte en la participación de la renta hidrocarburíferas para los Estados provinciales y sus empresas de energía. A fin diciembre de 2013, la Presidenta anunció una nueva prórroga en el Programa Federal de Desendeudamiento. El Tesoro por entonces contabilizaba una deuda de las provincias de 77 mil millones de pesos. A esta cifra se le aplicó una quita de 11 mil millones de pesos en concepto de ATN acumulados. La novedad fue que la renovación del programa fue trimestral y los distritos quedaron sujetos a un monitoreo de su desempeño fiscal por parte de la Casa Rosada.
