Caso Ciccone: rechazan pedido de sobreseimiento de Boudou

La Cámara Federal rechazó hoy cerrar la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por el llamado ˜affaire˜ Ciccone, pero le exigió al juez y al fiscal profundizar la investigación y esclarecer rápidamente si el funcionario estuvo vinculado o no a un hecho de corrupción.

La Cámara Federal pidió "ahondar en la investigación, con la premura que el caso reclama, a fin de reunir los elementos necesarios que posibiliten adoptar una decisión que someta a Amado Boudou a los influjos de este proceso penal o bien que lo libere definitivamente de ellos".

Se trata de una resolución de la Sala I de la Cámara Federal, que ratificó la decisión del juez Ariel Lijo de rechazar el planteo de la defensa de Boudou para obtener su sobreseimiento.

Pese a ello, la resolución de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Luis Ballestero dejó abierta la puerta para investigar el planteo de la defensa del vicepresidente sobre la existencia o no de delitos.

Causa. Boudou es investigado por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función publica por entender que, cuando era ministro de Economía, intercedió ante organismos estatales y tributarios para que la empresa The Old Fund, que figura a nombre del monotributista Alejandro Vandenbroele, accediera al control de Ciccone mediante ventajosas medidas para levantar la quiebra.

Mientras la causa se sustancia, la defensa de Boudou pidió su desvinculación del expediente a traves de un "recurso de excepción de falta de acción".

En mayo pasado, el juez Lijo rechazó el planteo, porque no era procedente cerrar la causa por esa vía y la defensa del vicepresidente insistió con argumentos que, ahora, los miembros de la Sala I escucharon con atención.

Puntualmente, la defensa "desplegó un recorrido por los distintos elementos probatorios" para "demostrar la inexistencia de un episodio capaz de ser calificado como delito, por el cual su asistido deba responder", sostuvo el fallo.

Asimismo impugnó "el supuesto de hecho en el cual su defendido habría intentado favorecer a la empresa Ciccone Calcográfica" y por otro "la investigación acerca del origen del dinero aplicado al levantamiento de la quiebra que pesaba sobre esa firma".

En ese sentido, dijo la defensa de Boudou, "ningún supuesto de negociaciones incompatibles podía ser advertido en la consulta que las autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos" le hicieron al entonces ministro de Economía "en relación con el proceso concursal de la empresa Ciccone Calcográfica".

Y se añadió que "ninguna prueba o indicio asistía a la acusación a la hora de edificar una imputación fundada en la ilicitud del origen de los fondos aplicados" a comprar Ciccone.

Críticas. Sobre todo esto, la Cámara Federal confirmó la negativa al cierre de la causa, pero criticó al fiscal por "la pasiva actitud que escoltó su posición" y al juez Lijo por la falta de definición de los hechos investigados.

"Los jueces no hemos sido convocados a trabajar con simples entelequias o meras propiedades discursivas. Fuimos llamados para analizar hechos concretos a la luz de normas específicas", dijeron los camaristas Farah y Ballestero.

La Cámara opinó que los investigadores no hicieron "nada" para saber si Boudou podría tener razón en su postura y advirtió que "la única manera de comprobar su acierto o no es llevar adelante una investigación concreta, exhaustiva y, fundamentalmente, expedita que el legajo, al menos de momento, no logra evidenciar".

A estas alturas y "frente a la situación que exhibe la causa, la pretensión de la defensa no pueda hoy admitirse"; "no obstante, no puede en su simple rechazo considerarse satisfecha la tarea judicial invocada", se sentenció.

La Cámara solicita ahora "ahondar en la investigación, con la premura que el caso reclama" fundada en "tres razones: en primer lugar, el dilatado tiempo que vienen registrando las actuaciones reclama una especial atención en su trámite, no acudiendo ninguna excusa que, amparada en la complejidad del hecho a investigar, tenga la osadía de pretender justificar la demora".

El segundo argumento, dijo la Cámara, es "el derecho que tiene toda persona a verse liberada del estado de sospecha y restricción a la libertad" y el tercero se basa en "la permanente y unánime lucha contra la corrupción que la

sociedad demanda".

"Es necesario que se determine la culpabilidad de las personas indicadas como responsables de afectar los intereses

públicos, no retardando la condena a momentos en los que el paso del tiempo sólo les puede reservar un valor simbólico pero ineficaz para hacer realidad el vigor de la ley penal; o bien que se despeje la inevitable mácula que supone la sola sospecha de haber participado de un delito, en pos de restablecer el honor del que deben estar investidos los gobernantes, y con el que deben inspirar a la ciudadanía", se sostuvo.