Buitres rechazan, economistas advierten, y el “blue” salta a $ 13,55

Buenos Aires. Los mercados no festejaron la propuesta argentina de pagar en Buenos Aires a los acreedores que no pueden cobrar en Estados Unidos, en un marco en que el país avanza en su ingreso a un default . El dólar en el mercado paralelo concluyó el día con un nuevo máximo histórico de 13,55 pesos, mientras que en casas de cambio lo hizo a 8,32 pesos, con lo cual la brecha entre ambos precios equivale a 62,25 por ciento.Ayer, el exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Néstor Kirchner, Guillermo Nielsen, remarcó: "La última vez que la brecha (diferencia entre el dólar paralelo y el oficial) quebró 60 por ciento estábamos a 17 días de la devaluación", develando las expectativas de devaluación que despierta la suba de la divisa.En tanto, los bonos soberanos argentinos más negociados cerraron con variaciones dispares, en la plaza extrabursátil local, mientras el nivel de riesgo país llegó a 790 puntos básicos. Esto implica que, para comprar bonos argentinos, los inversores deben esperar un rendimiento de 7,9 puntos porcentuales a los de un título similar estadounidense. Brasil, Colombia, Perú y México, en promedio, deben ofrecer un rendimiento sólo 1,7 puntos superior para encontrar inversores dispuestos.Mientras los mercados recibían con este frío al proyecto oficial, el fondo Aurelius, uno de los que ganaron el juicio a la Argentina ante la justicia de Estados Unidos, acusó al gobierno de Cristina Kirchner de buscar una "posición ilegal y fallida" con su iniciativa."Los líderes de Argentina han elegido, literalmente, ser unos proscritos", dijo el fondo Aurelius en un comunicado."Los errores de los actuales líderes de la República (argentina) han costado más al pueblo argentino de lo que se debe a los llamados holdouts ", añadió.La decisión repercutió en medios financieros internacionales. Bloomberg, por ejemplo, sostuvo que la oferta argentina estaba más cerca de ser un sueño que de ser una realidad aceptable para los bonistas, en base a la consulta a analistas de KBC Asset Management, JPMorgan, BNP Paribas, Credit Suisse y otros.Sin embargo, ayer, el asesor legal de acreedores italianos que ingresaron al canje de deuda, Tulio Zembo, dijo que les aconsejaría a los bonistas "aceptar" el cambio de domicilio de pago, y abogó para que el Gobierno sea "más comunicativo" para explicar la situación y convencer a los acreedores. Zembo evaluó que "probablemente esta sea la solución más difícil, más ardua, pero la correcta para seguir, porque Argentina no puede poner en riesgo el equilibrio financiero de una nación sencillamente porque ciertas sentencias son una realidad, pero una realidad que hay criticar y combatir". Al revés, el argentino Horacio Vázquez, secretario de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd), se preguntó: "¿Quién puede aceptar un bono con legislación argentina? Hay que estar mal de la cabeza".Los integrantes de Adapd, entre otros bonistas individuales que adquirieron deuda, fueron habilitados en abril por el juez Thomas Griesa para cobrar.Por su parte, la agencia Moody´s reportó que los fondos comunes de inversión de la Argentina han registrado "limitadas consecuencias" tras "el default ocurrido el pasado 31 de julio". Puntualizó que, "mientras que el fracaso del Gobierno para lograr un acuerdo con sus acreedores resultó en un cambio en la perspectiva a negativa, los inversores locales han continuado invirtiendo en fondos de renta fija, los cuales presentan una exposición limitada a activos soberanos en default".Entre los economistas argentinos hubo una amplia mayoría de repercusiones no muy optimistas. Eduardo Levy Yeyati afirmó que el proyecto de ley "consolida el default" y "retroalimenta" la recesión.Sostuvo que "habrá más escasez de dólares" lo que a su vez repercutirá en "menos posibilidades de acceso a financiamiento", como en el caso de las provincias, al tiempo que acentúa "la sensación de crisis y percepción de problemas de empleo"."Todo eso retroalimenta la recesión, lleva a que la gente consuma menos, haya menos empleo, con lo cual se profundizan los problemas que ya tenía la economía", evaluó.En tanto, el economista Jorge Todesca aseguró que la iniciativa oficial es un "salto al vacío" y consideró que de llevarse a cabo "será sumamente negativo para la economía"."Afecta a los tenedores de bonos reestructurados, a los cuales se les cambia la jurisdicción, o sea que se les impone un castigo", dijo.

Axel Kicillof. Ministro de Economía de la Nación. "El punto central de esta ley es algo que contempla el contrato: ante una obstrucción para el cobro por parte de los acreedores, se puede modificar el canal de pago".

Jorge Capitanich. Jefe de Gabinete De la Nación. "El punto central de esta ley es algo que contempla el contrato: ante una obstrucción para el cobro por parte de los acreedores, se puede modificar el canal de pago".