Bronca contra la gobernadora Vidal en el Centro Cívico

Cuando parecía que la cuestión del bono de fin de año a los estatales de todo el país se iba a resolver la semana próxima, la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, pateó el tablero. Reabrió la discusión paritaria y ofreció un aumento del 3,5 por ciento a los estatales de su provincia. Precisamente, esto es lo que reclaman los gremios cordobeses, que luego de la decisión de Vidal encontraron un argumento sólido para reclamar un incremento de salario extra. En el Gobierno de Córdoba, no disimulan su bronca con la mandataria macrista. El gobernador Juan Schiaretti habló del tema con el presidente Mauricio Macri, el viernes pasado en Córdoba. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había sugerido a los gobernadores que no reabrieran las paritarias. Pero una macrista rompió ese compromiso.

Durante una protesta que realizó el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) el jueves pasado frente al Ministerio de Salud, el titular del gremio, José Pihen (foto), descargó duras críticas contra el titular de esa cartera, Francisco Fortuna, a quien acusó de “persecución y práctica desleal”. El sindicalista y legislador provincial le enrostró al ministro haberle conseguido a “un minúsculo grupo de profesionales un aumento por fuera de la paritaria que le negó al resto de los laburantes”. Pihen denunció ante un grupo de empleados de Salud que salieron a escucharlo que Fortuna hace “práctica desleal”. También le achacó al ministro una presunta “persecución política” en contra el SEP. Sostuvo que Fortuna avaló que en el hospital de Villa María se denunciara judicialmente a un delegado del SEP y que permitiera que una organización que no tiene personería gremial (en alusión a la Unión de Trabajadores de la Salud) participara la semana pasada de la elección de delegados en ese establecimiento. “Este ministerio les da de comer”, achacó el legislador oficialista.

El referente del PRO e intendente de Jesús María, Gabriel Frizza, parece dispuesto a cerrar 2016 sumando nuevos integrantes a la Comunidad de Municipios de la Provincia (Comupro), el espacio que aglutina a intendentes macristas y juecistas.

Frizza apunta a sumar a la kirchnerista Gloria Pereyra, intendenta de la ciudad de Villa Dolores, quien quedó a la intemperie y sin contacto con la Casa Rosada desde que el kirchnerismo dejó el poder nacional.

El jesusmariense firmó esta semana convenios varios de colaboración recíproca con Pereyra, una señal más que clara del acercamiento. En la mira de Frizza, también está el vecinalista Esteban Avilés, el jefe municipal de Villa Carlos Paz que no tiene ataduras partidarias y que busca destino de cara a 2019. Avilés también está en el radar de Ramón Mestre, quien impulsa que el intendente de la villa serrana vuelva al radicalismo. Encuestas que tiene el intendente capitalino indican que la gestión de Avilés tiene una alta imagen positiva, y la UCR no tiene nombres de peso en esa ciudad.

El vocal opositor (UCR) en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, Esteban Bría, está haciendo ruido en el organismo de control provincial. Desde su entorno aseguran que los fundamentos en disidencia que realiza no serían asentados debidamente en las resoluciones por el oficialismo, para que de esa manera pasen inadvertidos.

Desde que integra el Tribunal, Bría se opuso a gastos por más de mil millones de pesos. Legalmente, esos fundamentos deben quedar asentados en los “considerandos” de las resoluciones y su voto en disidencia, en la parte resolutiva. Sin embargo, la última resolución enviada por el oficialismo, que fue votada en contra por Bría, con un extenso voto de más de 10 hojas en las que funda su oposición, puso en jaque al Tribunal dominado por el peronismo y se intentó invisibilizar su voz al no mencionar si quiera que hubo disidencia, con la pretensión de que la resolución saliera con la leyenda “aprobada por mayoría”. Esto generó el enojo del vocal radical que hizo sentir su queja entre sus colegas oficialistas. Bría milita en el sector interno que lideran el ministro de Comunicación de la Nación, Oscar Aguad, y el titular de Arsat, Rodrigo De Loredo.

La concejala capitalina Laura Sesma no para. La semana pasada se despegó de Juntos por Córdoba y anunció la creación de un bloque unipersonal, enojada porque sus pares de bancada suspendieron una sesión porque seis oficialistas (entre los que se contaba ella) estaban fuera del país.

La exdirigente socialista se diferenció de sus pares radicales aduciendo que, en su caso, había pedido licencia sin goce de sueldo del 11 al 19 de octubre y había pagado de su bolsillo los pasajes a China. Tras ese episodio, ahora Sesma volvió a pedir licencia sin goce de sueldo, del 3 al 11 de este mes, para asistir como observadora a las elecciones de Estados Unidos, invitada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata.

Aunque dice que seguirá trabajando en apoyo a la gestión de Ramón Mestre, los ediles radicales dicen que Sesma cada vez es más independiente en sus decisiones.

José Domingo “Cacho” Coronel fue el último intendente peronista que tuvo la ciudad de Córdoba (elegido en representación de ese partido, ya que Luis Juez lo fue por el Frente Cívico). Gobernó la Capital entre marzo de 1975 y marzo de 1976, cuando fue derrocado por el golpe militar.

En su gestión, comenzó su carrera como funcionario José Manuel de la Sota, quien fue secretario de Gobierno municipal.

Las vueltas de la vida y de la política hicieron que Coronel sea ahora subordinado de De la Sota, pero no del exgobernador sino de su hija Natalia, concejala de la ciudad de Córdoba. El exintendente se desempeña como asesor de la edil delasotista.