Beneficiarios de planes de empleo, a la Justicia

Un grupo de beneficiarios de programas de empleo provinciales presentaron ayer en la Justicia de Córdoba recursos de amparo colectivos para pedir que el Gobierno dé marcha atrás con el recorte de estos beneficios durante la cuarentena.

En la última semana de abril, el Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Social, que dirige la funcionaria Laura Jure, decidió detener los programas Primer Paso (PPP), Pila (varones adultos), Por Mí (experiencia laboral para mujeres) y Programa de Inserción Profesional (PIP).

Se consideró que la imposibilidad de realizar las prácticas en el marco de emergencia por la pandemia de coronavirus hacía inviable los pagos de los correspondiente estímulos económicos.

Por la misma razón, se detuvo el inicio del programa Clip, destinado a la formación tecnológica, en el que se inscribieron 4.500 personas, aunque el cupo es de tres mil.

Legisladores opositores criticaron la medida y ayer los abogados Luis Cocha, en representación de un grupo de beneficiarios, y la abogada Rocío Robles, apoderada de otro grupo de perjudicados, presentaron recursos de amparo colectivos que intentarán dar continuidad a los pagos correspondientes a estos programas.

Según los letrados, la suspensión de los programas “causa una grave lesión a los derechos constitucionales” de los perjudicados puesto que “constituyen una asignación de carácter alimentario” y ya estaban incorporados al modo de vida de los beneficiarios para los gastos de subsistencia.

Además, en la presentación, pidieron que se declare inconstitucional la medida decretada por resolución del ministerio de Jure. Consultado al respecto, desde el Gobierno provincial señalaron que no iba a haber declaración sobre este tema.

Los amparistas solicitaron que cualquier resolución se tome de manera colectiva y que se declare nula e inconstitucional la resolución del ministerio “ordenando al Gobierno provincial abstenerse de suspender los programas de empleo especificados”.

La legisladora del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Luciana Echevarría, acompañó la presentación del amparo y criticó la decisión del gobierno de Juan Schiaretti.

“Schiaretti primero hace campaña electoral con los planes de empleo y en el peor momento de crisis sanitaria, económica y social, deja a todos los beneficiarios en la calle”, dijo la legisladora.

Echevarría manifestó: “Es una vergüenza tener que presentar un amparo para obligar al gobernador a respetar los derechos sociales más básicos del sector más vulnerable de la sociedad”.

Días atrás, el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) Dante Rossi presentó un proyecto en la Unicameral buscando frenar la baja de los programas y pidiendo que la contraprestación se realice mediante la modalidad de teletrabajo en los casos que fuera posible. De lo contrario, pidió, no cesar el pago de los estímulos y reprogramar la devolución de las horas de capacitación y empleo posteriormente al levantamiento de la cuarentena.

El último pago a los beneficiarios fue el 20 de marzo. El presupuesto anual es de 576 millones de pesos para estos programas.