Baldassi asistirá a exposiciones, pero no a debates con cruces entre candidatos

Sin una ley que obligue a su realización –sólo existe para los comicios presidenciales y fue aprobada a finales de 2016–, la participación o no de los candidatos en los debates electorales termina convirtiéndose en una polémica repetida cada vez que se acerca un proceso electoral, como el legislativo del próximo 22 de octubre.

La escena se repite: quien lleva la delantera o tiene una posición favorable sobre el resto evita el “mano a mano” verbal con el convencimiento de que tiene más que perder que de ganar.

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Esa es la lógica que se impuso en el comando de campaña de Cambiemos para la actual compulsa electoral: Héctor Baldassi no debatirá. Sí se evalúa asistir a aquellas presentaciones que contemplen un formato de exposición, en el que no están permitidos los cruces entre candidatos. La simple exposición no resulta una amenaza de magnitud.

El peronista Martín Llaryora, cuya boleta enfrenta en los comicios generales el desafío de revertir o de achicar la diferencia de 15,8 puntos que le sacó la nómina liderada por Baldassi en las Paso, es quien con más ahínco postula la idea de confrontar las propuestas antes de los comicios.

"Fuimos los primeros en pedir debate entre los candidatos a diputado nacional. En esta Argentina donde después de octubre el Gobierno nacional no tendrá mayoría parlamentaria, necesitamos conocer la postura de cada candidato a legislador para saber quién llevará al Congreso los mejores planteos para Córdoba", aseguró el vicegobernador.

En el entorno de Baldassi, en cambio, están dispuestos a pagar el costo político de evitar un cruce en esos escenarios.

Contraponen como argumento lo que sucedió para los comicios provinciales de 2015, en los que Llaryora acompañó en la fórmula al hoy gobernador Juan Schiaretti. En ese momento, fue el peronismo el que se rehusó a debatir frente al radical Oscar Aguad, que lideró, junto con Baldassi, la propuesta electoral de Juntos por Córdoba, hoy con la denominación de Cambiemos.

En la alianza que integran macristas, radicales, juecistas y cívicos aseguran que sólo debatirán si Unión por Córdoba sanciona en la Legislatura provincial alguno de los proyectos de ley presentados por la oposición en los que se establece instituir como obligatorios los debates preelectorales para las elecciones provinciales.

El año pasado, cuando se introdujeron cambios en el Código Electoral en el marco de la denominada “reforma política”, el oficialismo tampoco estuvo interesado en incluir los debates, algo que sí fue propuesto por los opositores.

La conveniencia de que el macrista debata o no fue un tema de análisis que se discutió en los últimos días en Buenos Aires, desde donde se trazan los lineamientos de la campaña que luego se ejecuta en Córdoba.

La conclusión fue que la experiencia de gestión que acumula Llaryora sobre Baldassi podría ser determinante. “Podemos perder hasta cinco puntos si tenemos una mala noche”, estimó un dirigente de Cambiemos al tanto de la decisión final de no participar de los debates.

La determinación de no confrontar genera “ruidos” dentro del armado. El ala radical de la alianza, en especial el mestrismo, preferiría debatir. Considera que sería una buena oportunidad para hablar del presente de la Provincia tras los 18 años en el poder que lleva Unión por Córdoba. Con más razón después de la diferencia lograda en las primarias, que los habilita a reforzar la idea de “modelo agotado” que repite el intendente Ramón Mestre.

En el PRO, sin embargo, prefieren llegar a octubre sin sobresaltos. “Ya habrá tiempo de exponer lo que pensamos del gobierno del PJ. Provincializar la elección es lo que quieren ellos y no lo lograron en las Paso. No vamos a cambiar ahora”, razonan cerca de Baldassi.

En las otras cinco fuerzas que participarán de los comicios, hay unanimidad acerca de la necesidad de exponer y de debatir los proyectos y propuestas que se llevarán al Congreso.

“Vamos a participar en todo debate donde seamos invitados y vamos a promover la realización de estos”, aseguró Pablo Carro, cabeza de la boleta del Frente Córdoba Ciudadana.

El dirigente K afirmó que “los candidatos que no quieren debatir tienen miedo de mostrar su ausencia de argumentos o de perder votos si los ciudadanos se enteran de aquello que van a hacer desde el Congreso”.

Para Liliana Olivero, candidata del Frente de Izquierda, también es “fundamental que los candidatos puedan expresar sus ideas de cara a los votantes”. Comprometió su presencia con cualquier modalidad y pidió a los organizadores igualdad en el tratamiento.

El vecinalista Aurelio García Elorrio pidió debatir porque, de acuerdo con su opinión, “en la falsa polarización Cristina-Macri los candidatos ocultan la discusión de los temas centrales”. “A ninguno de los grandes les conviene dar los debates”, indicó el legislador.

Alberto “Beto” Beltrán, postulante de Primero la Gente, desde antes de las Paso exhorta a sus pares a cruzarse verbalmente. “Necesitamos intercambiar ideas para construir a partir del diálogo. Queremos contar qué vamos a hacer, cómo y dónde”, expresó, quien activó una campaña en la plataforma Change.org para que la gente acompañara con su firma el pedido de debate entre todos los candidatos.

Por último, Luciana Echevarría, de Izquierda al Frente, criticó a Baldassi por rehusarse a debatir. “Parece un candidato mudo, sin propuestas, sin ideas. Como representante que hoy es de los cordobeses, debería poder contarles qué propuestas tiene para ellos”, cuestionó.

Como ha ocurrido en anteriores elecciones legislativas, La Voz enviará esta semana, en alianza con El Doce, invitaciones formales a los equipos de campaña de los principales candidatos para participar de un debate televisivo previo a las elecciones del 22 de octubre.

La iniciativa conjunta de ambos medios entiende que la exposición pública de las propuestas que se realizan a la ciudadanía, la respuesta a inquietudes formuladas por la sociedad y el intercambio de ideas con otros candidatos contribuyen a fortalecer la democracia y a generar conciencia cívica y mecanismos de control y transparencia sobre el accionar de los funcionarios públicos.