Balance positivo, pero mucho por mejorar

En los últimos 50 días, desde que se realizaron los comicios provinciales en los que fue elegido gobernador José Manuel de la Sota, casi todos los actores del proceso electoral se dedicaron a elaborar e intercambiar informes, evaluaciones y balances. De toda esa información generada por jueces, legisladores, politólogos, referentes partidarios y de entidades intermedias –recolectada por este diario– se desprenden visiones, en general, coincidentes: que la implementación de la boleta única, del fiscal público electoral y la estructuración del fuero electoral ad hoc, entre otras cosas, constituyen avances importantes. Pero, con el mismo grado de consenso, se cuestiona o se admite, según de quién se trate, que el diseño de la boleta única se debe mejorar; que la capacitación que brindó el Ministerio de Educación a los presidentes de mesa fue deficiente; que la ineficacia del Correo Argentino en la realización del escrutinio provisorio fue bochornosa y casi pone en riesgo todo el proceso; y que sigue siendo escaso el control del Estado sobre los millonarios recursos que los partidos más poderosos destinan a las campañas.También, acuerdan en que el sistema de voto electrónico, que se implementó en pruebas piloto, puede permanecer en el horizonte de un "proceso de reforma electoral y política permanente" como lo definió, desde 2008, la desaparecida Comisión Consultiva de Expertos con la que Juan Schiaretti impulsó los cambios que sirvieron para dar un paso adelante. Actores e informes. Las instituciones que se pronunciaron oficialmente o extraoficialmente (a través de algunos de sus miembros) son: el Tribunal Superior de Justicia; el Tribunal Electoral provincial; el Consejo para la Planificación Estratégica (Copec); y la Defensoría del Pueblo, el Instituto Federal de Gobierno de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica y el Programa Córdoba Transparente. Los tres últimos intervinieron en el proceso como observadores electorales (ver aparte). Además, por iniciativas del Copec y de la Comisión Interpoderes de Seguimiento de los Procesos Electorales (Cispe), en los últimos días se organizaron encuentros de reflexión, donde se pronunciaron legisladores y apoderados de partidos.Del Tribunal Superior de Justicia, que tuvo la responsabilidad de poner en acto las modificaciones introducidas por la Legislatura provincial en la normativa electoral, hablaron con este diario su actual presidente, Domingo Sesín, y los vocales Armando Andruet y Luis Rubio. Los magistrados se dicen satisfechos con el trabajo del Poder Judicial, ven como positivo el esfuerzo, la organización y el compromiso de los agentes judiciales en la capacitación y en la actuación de los fiscales públicos; y señalan que aún con cuestiones mejorables, la campaña de difusión de la boleta única tuvo sus frutos.De todas maneras admiten que los tiempos con los que trabajaron, por la demora del gobernador en fijar la fecha, fueron muy breves y exigieron decisiones contrarreloj.El retraso en la difusión de los datos del escrutinio provisorio por parte del Correo Argentino tiene, en todos los balances, un párrafo aparte. Los jueces admiten que si la diferencia de votos entre el ganador y el resto de los candidatos hubiese sido exigua, la demora del Correo y de su subcontratada Codetech habría provocado un escándalo similar o peor al de septiembre de 2007. Y que el esfuerzo y los logros que ahora se destacan habrían quedado escondidos. Tan increíble es lo que sucedió que todavía se está investigando, y el Tribunal Superior ha demorado el pago de más de tres millones de pesos al Correo hasta que se sepa a ciencia cierta qué sucedió con el sistema. El Tribunal Electoral provincial, primer responsable del acto electoral, emitió un informe que tituló "Misión cumplida", en el que resaltó que el proceso terminó "sin protestas ni objeciones". Remarcó como un logro la eliminación del sistema de sumatoria y del robo de boletas que se daba con el mecanismo anterior. Aplaudieron la unificación del padrón que implicó la habilitación de mesas mixtas, y el mecanismo que facilitó el sufragio autónomo a los no videntes. En el Copec. El miércoles pasado, durante Copec reunión organizada por el Copec, hubo intervenciones de legisladores oficialistas y opositores. El oficialista Sergio Busso, presidente provisorio de la Unicameral, reconoció que la diferencia de votos que le sacó De la Sota a Luis Juez fue lo que permitió que las demoras del escrutinio provisorio no se convirtieran en un escándalo. También hubo coincidencia en destacar el valor de la Cispe que sirvió, como señaló Andruet, para darle previsibilidad al sistema.El legislador Daniel Passerini (PJ) se quejó de que los legisladores no fueron reconocidos como los autores de la reforma. Los juecistas Ernesto Martínez (diputado nacional y apoderado del Frente Cívico) y Roberto Birri (legislador provincial) coincidieron con él y admitieron que no acompañaron la reforma pero que después votaron y elogiaron. Lo mismo sostuvo el parlamentario radical Hugo Pozzi.Zovatto, anfitrión de la reunión y ex coordinador de la Comisión Consultiva de Expertos, recogió el guante e insistió en que la reforma había sido aprobada por la Legislatura provincial. Puso de relieve la importancia de la reforma y sus resultados: "Se logró implementar el sistema de boleta única que es el que más se utiliza en las democracias desarrolladas del mundo, se comenzaron a hacer pruebas de voto electrónico, se dejaron atrás varias prácticas reñidas con la institucionalidad y se está en un camino que hay que profundizar". Debilidades. En los cuestionamientos, jueces, legisladores y observadores electorales coincidieron en que hubo muchas falencias en la capacitación de los presidentes de mesa. Se escucharon varios testimonios acerca de que las autoridades de mesa, que supuestamente debían estar capacitadas para el uso de la boleta única, no tenían ni idea. Andruet responsabilizó al Ministerio de Educación, cuyas autoridades tenían a cargo la capacitación de los docentes.El otro reclamo para la cartera educativa fue por el estado de las escuelas y los graves problemas de accesibilidad para discapacitados. Coincidieron en que trasladar las urnas para que voten personas con discapacidad genera demoras, fantasías y sospechas, y que, no obstante, hubo que hacerlo porque los discapacitados no podían llegar a las aulas en las que debían votar.Martínez, en tanto, reclamó más control sobre el financiamiento de las campañas, pidió que el sistema sea mixto (con aportes estatales y privados), pero con más control sobre los ingresos, egresos y el balance.