Aval para los envíos directos a intendentes
El año parlamentario arranca mañana y lo primero será el seguro aval de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) que la presidenta Cristina Fernández firmó el 27 de diciembre de 2012 con una ampliación presupuestaria para otorgar auxilio financiero a los municipios con problemas de caja. Mario Fiore.
Hay para este fin 1.129 millones de pesos que podrán ampliarse cada vez que sea necesario en este año electoral.
Como 10 de los 15 miembros de la Bicameral son del Frente para la Victoria, es seguro el dictamen favorable de la misma sobre el decreto 2.609 del 2012, que será tratado en las primeras sesiones del año por las dos cámaras legislativas.
Esto ocurrirá así, aunque la ley 26.122 –que creó la Bicameral– indica que sólo con el aval de uno de los dos cuerpos, los DNU pasan a tener fuerza de ley.
La mayoría kirchnerista avaló todos los DNU que firmó la Presidenta con todo su gabinete durante el año pasado.
La UCR, que tiene cuatro asientos en la comisión (los senadores Ernesto Sanz y Luis Naidenoff y los diputados Juan Pedro Tunessi y Jorge Albarracín) emitió ayer un comunicado durísimo para adelantar su rechazo.
“El uso de los dineros públicos para el disciplinamiento político y electoral del territorio es una práctica reiterada en un Gobierno dispuesto a todo para consolidar su poder, llegando incluso a la extorsión”, dijo el texto firmado por las autoridades partidarias.
Para los radicales, el DNU de Cristina es una jugada para “saltear” a mandatarios provinciales como José Manuel de la Sota, Daniel Scioli, o Daniel Peralta, que tienen mala relación con la Casa Rosada, a fin de poder construir alianzas electorales con los intendentes de sus provincias.
“El problema de fondo es que acá se le liberan los fondos y las obras a los intendentes que aceptan adscribirse a la Casa Rosada y se discrimina a los que son de otro signo político”, denunció Tunessi.
La UCR también advirtió ayer en su comunicado que denunciará “caso por caso” cuando haya intentos de extorsión a intendentes o gobernadores para que apoyen a la Casa Rosada electoralmente a cambio de plata o fondos.
La solución es respetar las autonomías de cada una de las provincias para reasignar sus recursos, argumentan.
Los radicales dicen que vienen rechazando todos los DNU de Cristina porque cuando se reasignan partidas presupuestarias se está pasando por encima de las facultades del Congreso.
Más allá de las objeciones de los opositores, el kirchnerismo cuenta con los votos para imponer su voluntad de enviar fondos directos a los intendentes, en un año electoral.
