Almafuerte sigue dividida entre dos intendentes

Almafuerte. Otro día complejo vivió ayer Almafuerte, en el marco del clima de tensión generado por el juicio politico que el Concejo Deliberante en pleno inició contra el intendente Daniel López (UCR) y que el viernes terminó con su suspensión del cargo hasta que la población en un referéndum –convocado para el próximo 31 de este mes– defina si es destituido o retorna a su puesto para el año que le queda de mandato. Ayer, cuando se retomó la actividad tras el fin de semana largo, en el municipio estaba tanto el intendente desplazado como el concejal Raúl Balbis, también radical, que asumió interinamente en su lugar. Ambos dicen detentar el cargo. En este contexto, una novedad del día es que no se descarta un paro de actividades por parte de un grupo de empleados municipales en señal de apoyo al jefe municipal revocado.Balbis, acompañado por una escribana, otros ediles y testigos, accedió el fin de semana al municipio y hasta hizo variar las cerraduras. La fuerza policial le dio apoyo para tomar posesión del despacho municipal. Balbis explicó que se trabajó el fin de semana largo para volver a la normalidad administrativa lo antes posible. Y firmó varios decretos, entre ellos, para nombrar a un nuevo secretario de Gobierno. Al Tribunal Superior. López interpretó que Balbis está usurpando su despacho, se negó a firmar el acta de traspaso del cargo e insistió que el procedimiento "es un golpe de Estado". En ese escenario, espera que el Tribunal Superior de Justicia se expida sobre un reclamo presentado días atrás. A pesar de la fuerte tensión política e institucional, el enfrentamiento no llegó a generar episodios violentos ni altercados de mayor gravedad en la localidad.A López le falta un año para terminar su segundo período de gobierno y no tiene chances de una nueva reelección porque la Carta Orgánica local impide tres mandatos consecutivos.El juicio político fue iniciado por unanimidad de todos los ediles, tanto radicales como peronistas, que argumentaron la existencia de irregularidades en la gestión, que también denunciaron ante la Justicia.