Allanan oficinas de Báez por el alquiler de hoteles K
El juez López Biscayart dispuso el secuestro de documentación en las oficinas porteñas de la contratista Austral Construcciones.
La Justicia allanó ayer las oficinas porteñas de Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez, a raíz de una causa por evasión tributaria y lavado de dinero.
Fuentes judiciales indicaron que la medida fue ordenada por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, en el marco de una denuncia impulsada por la legisladora Elisa Carrió a raíz de la publicación de una serie de notas en el diario La Nación.
Justo al mismo tiempo, Lázaro Báez se autodenunció en los tribunales de Santa Cruz tras desmentir las acusaciones en su contra, y ahora la jueza federal subrogante de Río Gallegos Andrea Azkenasi Vera tiene que resolver si hace lugar a una medida cautelar para evitar que se difunda información sobre las empresas de Báez.
Mientras en Santa Cruz se analizaba esta cuestión, el juez López Biscayart ordenó que la Policía Federal hiciera un procedimiento en las oficinas del empresario, en el quinto piso del pasaje Carabelas 241 de esta ciudad; y en otra sede de la firma ubicada a pocos metros de allí.
Efectivos de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal, a cargo de la comisario Irene Martínez, se encargaron de secuestrar documentación y registros contables de la empresa que serán analizados a la luz de la investigación.
Según fuentes judiciales, el juez también solicitó a la Afip el listado de las empresas atribuidas a Lázaro Báez.
La denuncia
Elisa Carrió y el diputado Fernando Sánchez habían radicado el lunes pasado la denuncia a raíz de la información aparecida desde el domingo pasado en el diario La Nación, en donde se sostuvo que Báez les pagó a los Kirchner en concepto de “alquiler” del hotel Alto Calafate, en el marco de acuerdos confidenciales.
En los días siguientes, el periodista de ese diario Hugo Alconada Mon publicó que el pacto había alcanzado también a otros dos hoteles: la hostería Las Dunas y el hotel Los Sauces; y que entre 2010 y 2011, el matrimonio Kirchner recibió más de $ 14,5 millones de Valle Mitre, la sociedad que gerencia sus hoteles y que controla Lázaro Báez, beneficiario de la obra pública en la Patagonia.
Frente a ello, la denuncia presentada por la Coalición Cívica por “lavado de dinero y evasión tributaria” recayó en el juzgado de López Biscayart, el mismo magistrado que tuvo en sus manos la primera parte de la investigación por la causa Skanska, el primer escándalo de supuesta corrupción que se conoció en el gobierno de Néstor Kirchner.
El fiscal hizo lugar a investigar la denuncia sólo por el delito de evasión tributaria.
“Por primera vez en ocho años, un juez allana las oficinas donde funciona la asociación ilícita de Báez con Kirchner”, escribió Carrió en su cuenta de Twitter.
En tanto, el diputado Sánchez insistió en que Báez “fue y sigue siendo testaferro de la familia Kirchner” y remarcó que Austral Construcciones es una de las beneficiarias de la obra pública en el país.
Amigo de Boudou reclama
Ciccone. El empresario José María Núñez Carmona, amigo y socio de Amado Boudou, pidió que se deje sin efecto la decisión del juez federal Ariel Lijo de aceptar a Nicolás Ciccone como querellante en la causa en la que se investiga al vicepresidente.
