Ahora es la disputa por el antiguo relato

Sólo una improbable tarea salvaría a la cantante Teresa Parodi de un tránsito irrelevante por el Ministerio de Cultura inaugurado por el Gobierno nacional: someter a investigación judicial el saqueo de fondos públicos que ocurrió a manos de algunos de sus colegas. Aquellos que vieron en la obsesión oficial por la construcción de un relato político la oportunidad para aprovecharse de los impuestos pagados por los argentinos. A menos que abreve en una vasta fuente de ingenuidad, Parodi no podrá creer que su debut en la gestión política tiene como objetivo restañar el relato dañado desde los últimos contrastes electorales del oficialismo y la crisis económica que le sobrevino.Los diques de aquella narración épica del gobierno nacional han cedido ante la realidad. Todos los días llegan noticias de una caída inocultable en la actividad económica y sus efectos directos ya no sólo sobre la capacidad adquisitiva del salario sino también sobre los niveles de empleo.Industriales, constructores, productores, comerciantes y trabajadores coinciden en advertir lo que está sucediendo. Y el Gobierno sabe que no se responde a esas quejas entonando chamarritas. La verdadera respuesta ya fue provista por la mismaCasa Rosada en el congreso nacional del Partido Justicialista: regresó al pejotismo, abjurando de las declamaciones que caracterizaron su ­discurso en los años de las vacas gordas.De modo que poco importa lo que canten Parodi y los juglares de la cultura de nómina. El kirchnerismo ya le dio la espalda a esa lírica y está disputando la pelea cruda y fáctica para la recuperación de un relato anterior: aquel que instaló en niveles míticos la supuestamente imprescin­dible vigencia del peronismo para garantizar cualquier ámbito de gobernabilidad en el país. En ese punto de encuentro, los conversos de La Cámpora coinciden con los precandidatos presidenciales de origen justicialista, incluso algunos que revisten en la oposición.De la utopía revolucionaria a la práctica de la subsistencia, la salida que ensayan la Presidenta y sus seguidores se parece más a la urgencia que al heroísmo. El juez Sebastián Casanello procesó a dos financistas de andar rápido y rumboso, cuyas andanzas resultan incomprensibles si se ignoran las vinculaciones atribuidas al empresario Lázaro Báez. El mismo que fue denunciado por enjuagar activos en un hotel de propiedad de Cristina.Por esas crematísticas razones, el otro ariete de la puja por el antiguo relato se desenvolverá sin contemplaciones en el Poder Judicial. Allí donde reside el riesgo de investigación de los saqueos mayores.Es sabido que la narración del pejotismo sobre el caballo del comisario incluye una ­parábola impiadosa: el peronista que viene despelleja al que se va.La muerte de la jueza Carmen Argibay, la enfermedad de Enrique Petracchi y la renuncia anunciada de Raúl Zaffaroni, le abren al oficialismo una veta para intentar reaseguros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Un antecedente de esos motivos implícitos también pudo observarse en Córdoba. Es difícil escapar a la presunción de que dos precandidatos de Cristina para ingresar a la Corte estuvieron involucrados en la más reciente operación política sobre una causa judicial en la Provincia.No hay modo de que Alejandra Gils Carbó, jefa de los fiscales federales, y Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, hayan desconocido el accionar conjunto de los fiscales Enrique Senestrari y Carlos Gonella para acudir junto al titular de la oficina antilavado, José Sbatella, a intervenir en una causa en la que figura el financista cordobés en cuyo patio funcionaba una mesa de dinero: Cordubensis, la que estalló meses atrás, a metros del comando de campaña kirchnerista de octubre.Quiénes fueron los aportantes de esa campaña es algo que pudo haber sido transparente si el oficialismo nacional no hubiera incumplido la ley al desinformar sus gastos proselitistas. Lo que no se explicó en los balances oficiales, sin embargo, quedó como lógica suspicacia cuando los fiscales federales impugnaron al juez de la causa por aparecer en una foto indecorosa junto al empresario Euclides Bugliotti.La imagen, presentada como prueba de un vínculo inexcusable entre un magistrado y un particular, sólo puso de relieve quién era el involucrado en la causa al que el equipo de Gils Carbó eludiría, en lo inmediato, convocar a tribunales.Al pedir el apartamiento del juez, el expediente entró hasta hoy en un camino es­tanco.Si hubo una estrategia, tampoco fue ineficaz en sus efectos colaterales. Los coletazos en el gobierno provincial fueron duros y para el frágil gobierno municipal fue la piedra de inicio que se llevó puesto a un gabinete entero.El kirchnerismo se encolumnó tras las acciones de Justicia Legítima, con mejores resultados. Ninguno de sus candidatos se sintió obligado a explicar con qué dineros logró una banca en el Congreso de la Nación. Guardaron silencio, como el canoero al que ­mecía el agua.