Aguad propone que los debates de candidatos presidenciales sean obligatorios
Presentó un proyecto de ley en Diputados. Está en Washington en un seminario sobre la inserción argentina en el mundo.
Un proyecto de ley para instaurar la obligatoriedad del debate entre candidatos presidenciales y a legisladores nacionales fue presentado por el diputado radical Oscar Aguad, bajo el argumento de que “el intercambio de ideas y propuestas de cara a la ciudadanía no puede ser una opción”.
La iniciativa impulsada por el legislador por Córdoba, que originalmente la había presentado en 2013 pero perdió estado parlamentario sin haber sido considerada, indica que el debate entre candidatos presidenciales se realizará siete días antes de la fecha fijada para el acto electoral, mientras que los candidatos a senador y diputado tendrá que realizarse en cada distrito “dentro de los veinte días anteriores a la elección”.
Aguad se encuentra participando en Washington de un simposio en Georgetown University denominado "Inserción Internacional de Argentina: Desafíos y Oportunidades”.
transmitidos “en vivo por canales de aire entre las 20 y 23 horas” y la Cámara Nacional Electoral designe un coordinador para el encuentro que, entre otras funciones, tendrá que designar un moderador “con reconocida trayectoria en el ámbito periodístico o académico e imparcialidad”.
La extensión de la confrontación de ideas y propuestas, dice el diputado radical, será organizada de manera tal que ninguno de los candidatos saque ventaja y deberá haber “un espacio para responder las preguntas” que formule un panel elegido a tal efecto.
Sanciones
Por último, el proyecto establece que en el caso de que alguno de los candidatos eluda debatir “se ordenará el inmediato cese de la difusión de todo espacio publicitario asignado por la Dirección Electoral Nacional a la agrupación política a la cual represente el candidato”, de acuerdo a lo que establece la ley Nº 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Aguad señala en los fundamentos de la iniciativa que “el intercambio de ideas y propuestas de cara a la ciudadanía no puede ser una opción sino más bien una obligación que debe ser instaurada a nivel nacional, y no puede quedar librada a la voluntad de los candidatos y a la iniciativa o no de algún medio de comunicación, institución académica u organizaciones de la sociedad civil”.
