Acuerdo de Massa y los K para que sólo investigue Gils Carbó

Buenos Aires. Cambiemos perdió ayer una votación clave en Diputados: el kirchnerismo, el massismo y el Bloque Justicialista (que representa a los gobernadores del PJ) votaron en contra de un artículo central del proyecto de ley que castiga a las empresas corruptas, mediante el cual el gobierno de Mauricio Macri pretendía quitarle a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, el manejo de los acuerdos judiciales con compañías investigadas que aporten información (delación). Por ejemplo, la constructora brasileña Odebrecht, por coimas a funcionarios para la realización de obras públicas en nuestro país.

El artículo en cuestión, el 37, se debatió durante tres de las cinco horas en que se trató el proyecto de ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que ya había sido aprobado en general la semana pasada, tras lo cual se había pasado a un cuarto intermedio hasta ayer con el fin de votar en particular.

El artículo 37 del dictamen del oficialismo establecía: “Las personas jurídicas podrán solicitar el acogimiento voluntario a un acuerdo administrativo de colaboración eficaz (...) por hechos anteriores a la sanción de la presente ley. En estos supuestos, intervendrá únicamente la Procuración del Tesoro de la Nación o autoridad equivalente en otros poderes y en las jurisdicciones locales”.

Así redactado, el artículo dejaba de lado a la kirchnerista Gils Carbó del manejo de estos acuerdos con empresas que aportasen información relacionada con casos de fraude al Estado.

Toda la oposición cuestionó la constitucionalidad de la propuesta oficialista, debido a que sacaba estos posibles acuerdos del ámbito penal para dejarlos en manos del Gobierno (Procuración del Tesoro), cuyos funcionarios también podrían tener intereses o estar involucrados en causas de corrupción con empresas.

Tomando en cuenta el rechazo generalizado, el oficialismo, por iniciativa del radical mendocino Luis Petri, propuso una modificación al artículo 37 para agregar que “desde el inicio de la negociación del acuerdo deberá participar un representante del Ministerio Público (Gils Carbó) y de la Auditoría General de la Nación (AGN)” y que “el juez evaluará la legalidad y razonabilidad de las condiciones acordadas y de la colaboración pactada y decidirá su aprobación o rechazo”.

Pero el kirchnerismo, el massismo y los justicialistas rechazaron el artículo 37 remozado. El resultado quedó en 132 votos negativos y 86 afirmativos.

“Pido que se publiquen los votos positivos y negativos para saber quiénes votaron en contra de recuperar lo robado”, dijo la diputada oficialista Elisa Carrió durante la sesión. Sin embargo, dentro de Cambiemos también había rechazos al artículo 37, tal cual se lo proponía inicialmente en el dictamen.

Los diputados radicales Ricardo Alfonsín y Carla Carrizo también habían manifestado su rechazo al artículo 37 original, aunque tras los cambios promovidos por su correligionario Petri decidieron apoyarlo.

El diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez fue uno de los más acérrimos defensores de la propuesta de Cambiemos. Dijo que “parte de la política no quiere activar los mecanismos necesarios para salir de la impunidad e ir contra las empresas y funcionarios”, y agregó: “¿Saben por qué no quieren que (los directivos de Odebrecht) confiesen en la Argentina? Porque les pagaron a exfuncionarios que están libres”.

“La Justicia (Gils Carbó) no se mueve y parte de ustedes son cómplices, sin necesidad de serlo porque hay que ver cuando se vote el desafuero”, dijo Sánchez, en relación con su colega Julio de Vido, exministro de Néstor y Cristina Kirchner, involucrado en casos de corrupción.

Pero, tras las declaraciones de Sánchez, el salteño Javier David, que integra el Bloque Justicialista y responde al gobernador Juan Manuel Urtubey, afirmó: “Este artículo está lejos de ser transparente (...) Cuando uno piensa que Avianca, Correo Argentino, el soterramiento del tren Sarmiento o Panamá Papers pueden ser resueltos en un acuerdo administrativo en el Poder Ejecutivo, que ya carga con denuncias, se nos hace imposible aprobarlo. Queremos que se resuelvan los casos de corrupción anterior, pero los actuales también”, aseveró.

La diputada Graciela Camaño, mano derecha del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, también sostuvo que el artículo 37 “es inconstitucional”.

“No va a ser Gobierno para toda la vida y estamos haciendo una norma que en un artículo se presenta sumamente peligroso por las atribuciones que le estamos dando al Ejecutivo. Y el inter­bloque Cambiemos lo sabe”, dijo.

Camaño indicó que el artículo 37 “no es posible en un régimen republicano y de división de poderes”. “A estos acuerdos (con las empresas) los tiene que hacer la Justicia, muchachos, aunque a veces sea lenta y no nos guste. Quizás algún día, después de que pasen las elecciones, podamos sentarnos y lograr consensos para tener el mejor Consejo de la Magistratura y la mejor Procuración General de la Nación”, aseveró la diputada del bloque UNA.

El proyecto había sido aprobado en general, con los votos del oficialismo y del massismo, con 131 votos afirmativos, 63 en contra y siete abstenciones.

"Nunca pensamos que fuera fácil". "Nunca pensamos que esto iba a ser fácil. Hubo un bloque que se opuso a todo (por el kirchnerismo) y otros con mejor voluntad. Ahora falta el Senado", señaló a este diario Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción.