Un vendaval que no da respiro

Frenética, impredecible y horadante. La normalidad que impuso la pandemia tiene consecuencias dañinas para los oficialismos. La realidad alterada se entrelaza con los problemas estructurales aún irresueltos. El resultado no puede ser otro: los inconvenientes se potencian bajo la lógica Covid.

Después de varias advertencias, pero sobre todo del impacto infranqueable que significaron las últimas muertes provocadas por armas disparadas desde el Estado, el gobernador Juan Schiaretti terminó admitiendo que los policías que se forman en Córdoba salen a las calles sin la debida instrucción.

Ese reconocimiento llegó a través de la nueva jefa de la fuerza, Liliana Zárate Belletti, y es clave para poder imaginar algún tipo de mejora que, si llega, será paulatina y demandará tiempo. El riesgo de un nuevo exceso policial no se disipó. Superar el negacionismo es un paso adelante y una señal de madurez, por costosa que sea.

Con los números de la pandemia contenidos respecto de los picos de septiembre y de octubre, Schiaretti busca dejar atrás los peores meses de sus ya casi nueve años (no consecutivos) de gestión. En el Centro Cívico hay cautela, pero se cree que la fase sanitaria más crítica pasó, tanto en materia de contagios como en saturación de los recursos médicos. Se subraya que sólo la vacuna evitará que la segunda ola –prevista para abril– pegue con la fuerza que está azotando ahora a Europa.

El gobernador y sus funcionarios rechazan la idea de hablar de “relanzamiento” de la gestión. Hay un desacople con la estrategia de “reconstrucción de país” que intenta sostener el presidente Alberto Fernández. Sí existe coincidencia en que el clima para fin de año está algo más descomprimido que hace dos semanas. El día a día manda. El pronóstico sigue siendo de tormentas fuertes, pero cesó, por el momento, la alerta de tsunami. No es poco.

Schiaretti intentará dotar de mayor vigor a los planes que se habían trazado a comienzos de año y que se vieron afectados por la pandemia. Esa idea, sin embargo, depende en gran medida de cómo se termine de negociar la reestructuración de 1.685 millones de dólares de deuda que la Provincia busca patear a la próxima administración. La oferta inicial fracasó. En 30 días, y si no hay entendimiento con los acreedores, la Provincia podría copiar a la ciudad de Córdoba y caer en default técnico. La claudicación de la prédica schiarettista de que “Córdoba siempre pagó” está cerca.

Cerrar lo mejor que se pueda

En el Centro Cívico, marcan dos segmentos de noviembre claves para apuntalar la idea de que lo peor fue superado. En la semana que se inicia el lunes 16, el gobernador dará certezas sobre cómo será la temporada turística. Desde el 1º de diciembre, se podrá transitar sin restricciones por todo el territorio provincial. Y desde el 1º de enero, Córdoba se abrirá para recibir a turistas de todo el país. Esa desescalada marcará el pico de la flexibilización cordobesa.

La otra fecha importante para el Gobierno es la del 29 de noviembre. Luego de las postergaciones, ese domingo los riocuartenses decidirán en las urnas si continúa al frente de la capital alterna el oficialista Juan Manuel Llamosas o lo sucede el radical aliancista Gabriel Abrile, el único opositor con chances de darle competencia.

En el Panal, admiten que Llamosas sufrió el impacto negativo de la pandemia, pero confían en que la elección “no corre riesgo”. En 2016, el PJ les arrebató a los radicales uno de sus bastiones históricos. La diferencia aquella vez fue de 13 puntos. Con encuestas en la mano a tres semanas de la elección, en el oficialismo aseguran que el marcador ahora será más ajustado, pero favorable.

En el búnker de Abrile, hay confianza en dar el batacazo. Se sienten “cerca”. El jueves, Schiaretti hizo campaña por Zoom. Anunció que se completarán las cloacas en el populoso barrio Alberdi. Esta semana, el gobernador volverá a tener presencia con la inauguración de una obra vial de importancia.

El frente Capital

La agenda adversa que el gobernador intenta dejar atrás tiene su réplica en la Capital. El intendente Martín Llaryora no termina de hilvanar un acuerdo salarial con el gremio de los municipales, en un conflicto que crece en violencia y que todavía tiene un final impredecible.

Llaryora estiró hasta donde pudo la postergación de la paritaria, lo que le redundó en un ahorro importante por efecto de la inflación, además de los 350 millones de pesos mensuales que no pagó por los recortes practicados en diferentes ítems del convenio. Esta gestión ha sido un pacman para el bolsillo de los municipales. Pero tiene un problema: la conducción del gremio está debilitada y las bases no le responden. Acordar así se hace muy difícil.

El intendente aprovechó al máximo otro exceso violento protagonizado por el gremio en las calles. La golpiza irracional a un almacenero que tuvo la mala idea de pedirles a los manifestantes que lo dejaran trabajar en su local se sumó al episodio del “morterista” que disparó bombas de estruendo a los policías, la semana anterior.

Llaryora echó a ese agente municipal a través de un decreto que envió al Concejo, con el objetivo de que un apoyo del resto de las fuerzas políticas convirtiera su mensaje en una clara señal institucional en contra de la violencia. Su idea no sumó ni un solo adepto. Muchos de quienes pretenden gobernar la ciudad se excusaron en las formas. El fondo parece responsabilidad sólo del que gobierna.