La participación de la comunidad educativa en una política de Estado

El próximo miércoles 28 de julio, como ocurriera en 2006 con la norma nacional, docentes, padres y estudiantes tendrán la oportunidad de discutir en las escuelas y realizar los aportes que consideren pertinentes al proyecto de modificación de la ley de educación de la provincia.

La iniciativa que se propone es fruto del consenso y de más de 12 meses de trabajo en el Consejo Provincial de Políticas Educativas, que integran, además de la cartera educativa, representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, las 11 universidades con sede en Córdoba, el Poder Judicial, las tres fuerzas políticas mayoritarias que tienen representación legislativa, los seis gremios docentes y la Mesa Provincia-Municipios, entre otros actores. Ahora será presentada al debate de la comunidad educativa y, una vez recogidas sus contribuciones, se elevará a la Legislatura como insumo para su discusión y tratamiento como proyecto de ley.

Se pretende, así, que la futura legislación proponga un marco superador de la ley 8.113 -vigente desde 1991, cuando todavía no se habían transferido los servicios educativos a las provincias-, que retome los desafíos contemplados en la norma nacional y que recupere nuestra propia historia, visión y necesidades, y que sea una norma de y para todos los cordobeses y no de un Gobierno.

El firmado Compromiso por la Educación fijó metas y acciones educativas para los próximos 15 años, vinculados a los fines y objetivos que son constitutivos del anteproyecto.

En definitiva, buscamos una ley que sea el reflejo de los consensos alcanzados en este momento histórico -como la universalización de las salas de tres años en los jardines de infantes, la extensión de jornada en la primaria y la obligatoriedad de la secundaria, a fin de hacer efectiva la inclusión educativa- y que se constituya en un instrumento eficaz y duradero para garantizar una educación de calidad para todos.

Con este espíritu es que el anteproyecto elevado no sólo consagra la obligación del Estado de brindar las condiciones necesarias para el cumplimiento de este derecho social e individual -que implica destinar no menos del 30 por ciento del presupuesto anual al sistema educativo-, sino que plasma los derechos, pero también los deberes de estudiantes, familias y docentes.

Capacitación e infraestructura. Mientras la Provincia, en la búsqueda de lograr una mayor calidad educativa, debe garantizar el acceso a los cargos y las horas por concurso de antecedentes o de antecedentes y oposición, según corresponda, así como la posibilidad de los educadores de capacitarse de manera integral y gratuita, también se señala el deber de los docentes a hacerlo.

Propone, además, garantizar infraestructura, equipamiento y tecnología que permita a docentes y alumnos optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Los padres no sólo son reconocidos como agentes naturales y primarios que pueden elegir la institución educativa que responda a sus convicciones, sino también deben comprometerse a asegurar la concurrencia de sus hijos, así como apoyar y respetar la autoridad pedagógica de la escuela y sus docentes y colaborar, de modo efectivo, en el proceso que allí se desarrolle.

Los estudiantes, por su parte, tienen derecho a recibir una enseñanza que valore sus intereses, su esfuerzo y considere sus ritmos, con una propuesta curricular que atienda, además, el desarrollo de los temas contemporáneos, como la educación sexual integral, las adicciones, la salud, la convivencia.

Al mismo tiempo, se exigirá a los alumnos hacer un uso responsable de las oportunidades de estudiar que el sistema les ofrece, esforzarse por alcanzar el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades, y respetar las normas de convivencia y de organización de la escuela.

Si hemos acordado garantizar una educación de calidad para todos los cordobeses, cada uno de los actores vinculados al sistema educativo debemos hacer nuestro esfuerzo. Y éste debe estar legítimamente controlado. Por ello, se propone crear en el ámbito del Consejo Provincial de Políticas Educativas -formalmente establecido por la futura ley- una Comisión de Evaluación e Información Educativa.

El Ministerio se obliga a enviar anualmente a la Legislatura un informe sobre la gestión, los criterios y mecanismos de evaluación y de control aplicados a los procesos educativos. A su vez, las escuelas se comprometen a desarrollar procesos de autoevaluación institucional, que les permitan revisar sus prácticas pedagógicas y de gestión.

Así, convencidos de que una mayor calidad educativa se logra con docentes mejor formados, los institutos superiores deberán formar a los futuros educadores, actualizarlos, apoyar pedagógicamente a las escuelas y realizar investigaciones para aportar a la renovación de las experiencias escolares.

Con el consenso y compromiso de cada uno de los actores, esperamos brindar una educación de calidad para todos los cordobeses.