La culpa no la tienen las jubilaciones anticipadas

En una columna de Opinión publicada el 29 de octubre en este diario y titulada “La culpa es de la mala gestión”, se afirma, al analizar los problemas del sistema previsional de Córdoba, que “la medida que, a nuestro modo de ver, fue la principal causa del problema, son las jubilaciones anticipadas que concedió el gobernador De la Sota durante el período 2000-2006”.

Aunque repetido, se trata de un diagnóstico equivocado. La particularidad en este caso es que el error proviene de un ámbito académico.

Hasta 2002, la edad de retiro en la legislación previsional cordobesa era de 58 años para los varones y 55 para las mujeres.

A partir de la firma del convenio 83/02, los requisitos se armonizaron con los de la legislación nacional, es decir 65 y 60 años, respectivamente.

Como mecanismo tendiente a facilitar la instrumentación de la reforma, se reguló el régimen de jubilaciones anticipadas.

Esto permitió que se retiraran afiliados a quienes les faltaban hasta seis años para cumplir con los requeridos en la normativa derogada. Es decir, los empleados públicos que tenían programado jubilarse entre 2003 y 2008 tuvieron la oportunidad de adelantar su retiro.

Es claro, por lo tanto, que el impacto de esta medida sobre la situación financiera fue transitorio, pues a partir de 2008 quienes obtuvieron una jubilación anticipada hubiesen estado jubilados de todos modos.

Por contrapartida, las finanzas del sistema fueron estructuralmente beneficiadas por el aumento de la edad de retiro (siete años, los varones, y cinco, las mujeres).

No es necesario desplegar un poder analítico sofisticado para comprobar que se trata de un cambio con un profundo impacto positivo sobre la sustentabilidad del sistema.

Alcanza con analizar la evolución en la última década de la cantidad de beneficios que paga la Caja para comprobar no sólo que las jubilaciones anticipadas no tiene la culpa de los problemas financieros actuales (ya que su impacto fue transitorio y desapareció totalmente en 2008), sino que el déficit sería mucho más grande si no se hubiesen aumentado las edades de retiro.

Seriedad de análisis. Plantear diagnósticos equivocados contribuye a la degradación de la calidad de los debates sobre políticas públicas. Las implicancias son muy negativas.

No es casualidad que en los países más prósperos se asigne alta prioridad a preservar y enriquecer el funcionamiento del sistema democrático no sólo con tolerancia y respeto por los disensos sino también con rigurosidad y respaldo profesional en la elaboración de las argumentaciones.

Estas son las vías para identificar las verdaderas causas de los problemas, cotejar de modo correcto las diferentes alternativas y adoptar las mejores estrategias.

La solución para los diversos y complejos problemas que se plantean en las sociedades modernas –por ejemplo, el impacto de la dinámica demográfica sobre la evolución de los sistemas previsionales– depende de la calidad de las políticas públicas.

Se trata de una responsabilidad que atañe a todos los actores involucrados, lo que incluye un rol irreemplazable a los ámbitos académicos, los cuales pueden aportar análisis que cumplan con mínimos niveles de rigurosidad técnica.

*Secretario de Previsión Social y gerenta de estudios de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.