Hechos que atentan contra la confianza

La incidencia sobre los presupuestos familiares de los problemas que enfrenta la economía del país, y la creciente sensación de impunidad para el poder político que emana de la Justicia, han sido siempre los ingredientes de un cóctel peligroso para cualquier gobierno. A sólo cinco meses de haber asumido un mandato al que aún le restan tres años y siete meses, la presidenta Cristina Fernández no encuentra la manera de tranquilizar las aguas. Por el contrario, redobla sus apuestas bajo la consigna de ir por todo.Por debajo de los análisis macroeconómicos, no es muy difícil deducir que con un estricto corralito cambiario como el que rige, y con un dólar paralelo que abre una brecha del 25 por ciento con el oficial, se está produciendo una devaluación del peso en una proporción equivalente.Más temprano que tarde, los precios registrarán ese impacto. A eso hay que sumar el efecto psicológico que la sola mención de la suba del dólar tiene para los argentinos. Lo que por ahora es un fantasma se va convirtiendo en una inquietud extendida.El Gobierno lo sabe, porque el dato se expresa en las encuestas. Pero no consigue articular políticas que den una respuesta, corrijan las distorsiones y generen confianza. Mayor y menor La defensa del vicepresidente Amado Boudou que ha ordenado Cristina encuentra cada día más obstáculos. Las revelaciones del caso Ciccone se van conociendo por cuentagotas, pero fuentes con acceso al expediente afirman que la situación de Boudou no sólo es comprometida, sino que la acumulación de pruebas en su contra es abrumadora. Fue muy alto el costo que pagó la Presidenta con la renuncia forzada del ex procurador Esteban Righi y el apartamiento de la causa del juez Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Rívolo. Hay varios kirchneristas cercanos a Cristina que se preguntan: ¿hasta cuándo seguirá invirtiendo capital político en Boudou?Torcerle el brazo a la adversidad ha sido siempre una virtud, pero hay distintas adversidades. Aquí implica impedir que la Justicia sancione un caso de corrupción que pone en el centro de la sospecha al número dos de la jerarquía institucional del país.A eso hay que agregar otras causas que también comprometen al Gobierno: las 52 muertes en el accidente ferroviario de Once y el caso Schoklender por las estafas cometidas en nombre de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Ningún funcionario ha sido imputado, cuando todo se hizo a instancias del Estado.Hay cosas de menor importancia institucional, pero que igualmente contradicen el relato oficial. Así como las pequeñas miserias sirven para conocer los costados más humanos de una persona, también pueden iluminar las zonas oscuras de los discursos de la política.El viernes 4 de mayo, la Presidenta presentó en la Casa Rosada al ingeniero Miguel Gallucio como el nuevo gerente general de la YPF estatizada. Tras ese acto cargado de simbolismos, quedó implícito que el Gobierno había coronado con éxito una operación para repatriar un talento argentino, dispuesto a resignar sus posibilidades profesionales en el exterior para darle una mano al país y al modelo nacional y popular. Ahora parece que no fue tan así.Según cuentan colegas suyos que lo conocen, Gallucio es un excelente profesional del mundo petrolero, muy bien formado y con mucha capacidad de trabajo. Pero aseguran que no tendría límites en sus ambiciones, que hace mucho tiempo que tenía la idea de presidir YPF y que habría sido él mismo quien se ofreció reiteradas veces para el cargo, convenciendo al gobernador entrerriano Sergio Uribarri para que a la vez hiciera lobby ante la Presidenta.Sus antecedentes, la oportunidad y la suerte hicieron el resto, que ya se conoce. O sea, aunque de fondo nada cambie y el discurso oficial mezcle todo, no es lo mismo seducir que ser seducido. Disidencias Los empleados que transitan los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales, donde funciona la Corte Suprema de Justicia, han comenzado a percibir cierto nerviosismo. Dicen que ante la inminencia de algunas resoluciones y fallos trascendentes que los jueces deben producir, la presión política del oficialismo se siente cada vez más. Y que a diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, el resultado dividido de cuatro a tres en las votaciones se hará más frecuente. De eso se deduce que en los temas de su interés, el Gobierno tiene asegurados, como mínimo, tres votos a su favor. Si a la mala imagen que hoy muestra la Justicia Federal se agrega una disputa política semejante en la Corte, no será un buen augurio.